Historia de España: Isabel II y la Guerra Carlista

El proceso de expropiar tierras y propiedades improductivas "manos muertas" a la Iglesia y ponerlas a la venta mediante subasta pública.

Un tipo de liberal que defendía la soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, el sufragio censitario, el control central del Estado, la oficialidad de la religión católica, el proteccionismo económico y la Guardia Civil como fuerza de seguridad.

Un tipo de liberal que defendía una mayor participación popular, un sufragio más amplio, la reducción del poder de la Iglesia, la libertad de prensa y la Milicia Nacional como fuerza de seguridad.

El líder liberal que implementó la desamortización que expropió tierras de la Iglesia y la puso a la venta.

La desamortización de Mendizábal tuvo como objetivo principal financiar la guerra carlista y reducir la deuda pública.

El principal resultado negativo de la desamortización de Mendizábal fue que no logró aumentar el acceso a la tierra para campesinos y pequeños inversores.

La desamortización de Mendizábal consolidó el poder de la alta nobleza y la burguesía, ya que solo ellos podían comprar los lotes de tierra en subasta.

El motín de la Granja fue un levantamiento militar que condujo a la Revolución de 1836 y marcó el comienzo del período liberal progresista.

La Primera Guerra Carlista fue un conflicto bélico que se libró en España entre 1833 y 1839. Se enfrentaron los partidarios de Isabel II, la hija de Fernando VII, y los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón, hermano del fallecido rey.

La sociedad española durante la Primera Guerra Carlista estaba marcada por una profunda división social. La oligarquía, compuesta por la alta nobleza y la burguesía, tenía el control del poder y la riqueza. La clase media urbana, compuesta por la media burguesía y los trabajadores industriales, tenía escasa participación política. La mayoría de la población era campesina.

El conflicto carlista se caracterizaba por tres fases bien diferenciadas: Una primera fase (1833-35) en la que los carlistas, mediante la guerra de guerrillas, consolidaron sus posiciones en el norte de España. Una segunda fase (1835-37) donde los carlistas intentaron expandirse a Madrid y Andalucía, pero sin éxito. Y una última fase (1837-40) donde las fuerzas isabelinas, lideradas por figuras como Espartero y O´Donnell, lograron derrotar a los carlistas.

El fin de la Primera Guerra Carlista llegó con el Abrazo o Acuerdo de Vergara (1839), en el que se negoció la rendición de los carlistas. Este acuerdo tuvo como consecuencia la desmovilización del ejército carlista y la incorporación de muchos de sus miembros al ejército isabelino. Sin embargo, el conflicto por el trono seguiría dando lugar a guerras carlistas posteriores.

A pesar de su final, la Primera Guerra Carlista tuvo un alto precio humano. Se estima que hubo cerca de 200.000 bajas, lo que refleja la violencia del conflicto. Además, el conflicto por el trono continuaría con nuevas guerras carlistas durante el siglo XIX.

La Primera Guerra Carlista tuvo un fuerte impacto en la vida política española. La inestabilidad política y las tensiones entre liberales moderados y progresistas se agudizaron, lo que dio lugar a numerosos pronunciamientos militares y cambios de gobierno.

La Guerra Carlista se caracterizó por la participación del poder militar y religioso. Los combatientes carlistas, en su mayoría del norte de España, se inspiraron en principios religiosos y valores tradicionales, teniendo un fuerte apoyo del clero local. A su vez, el ejército isabelino, con figuras como Espartero, se erigió como un actor clave en la defensa del orden establecido.

La Primera Guerra Carlista fue un conflicto complejo con raíces en las tensiones sociales, políticas y religiosas de la época. La sociedad española estaba dividida, con un dominio de la oligarquía y una clase media urbana que buscaba mayor participación. La lucha por el trono y las diferentes ideologías políticas se reflejaban en las batallas, dejando un legado de inestabilidad política y violencia en la historia de España.

La década moderada en España (1844-1854) se caracterizó por el dominio político del Partido Moderado, liderado por figuras como Narváez y Bravo Murillo. Se produjo una fuerte represión de las ideas progresistas y se fortaleció el poder del Estado centralizado.

La Constitución de 1845 fue una respuesta al deseo del partido Moderado de fortalecer su poder y reducir la influencia de las ideas progresistas. Limitó los derechos políticos y civiles, lo que dio lugar a un período de mayor control gubernamental y represión.

El sufragio censitario de la época restringía el derecho al voto a una pequeña élite, excluyendo a la mayoría de la población. Solo el 1% de la población podía votar para elegir al Congreso cada cinco años.

El Congreso en España durante la década moderada era elegido por el 1% de la población, mientras que el Senado era elegido por la Reina. Este sistema perpetuaba el poder de la clase dirigente, ya que la reina tenía el poder de veto sobre las decisiones del Congreso.

El gobierno de la Década Moderada se basó en el uso de decretos reales para gobernar, excluyendo la participación del Congreso. Esto les permitía controlar las decisiones sin la necesidad de consultar a los representantes electos.

La libertad de prensa fue limitada durante la Década Moderada. El gobierno implementó restricciones para controlar la información y evitar críticas. Este control también se extendía al ámbito educativo, ya que se buscaba mantener el control ideológico sobre la sociedad.

El Concordato de 1851 estableció un acuerdo entre el estado español y la Iglesia Catholicá. Se les otorgó gran influencia en la educación y se reconoció su posición privilegiada.

La ley de ayuntamientos de la Década Moderada se centró en el control del gobierno sobre los ayuntamientos, lo que les permitía influir en las decisiones locales y mantener el control centralizado.

La época entre 1856 y 1868 en España, caracterizada por la vuelta a la Constitución de 1845, reformas electorales, suspensión de las desamortizaciones y la implementación de la Ley General de Educación de 1857.

La Ley General de Educación de 1857, también conocida como Ley Moyano, establecía la educación obligatoria de 6 a 9 años, incluía a las alumnas y priorizaba el control ideológico de la Iglesia.

El sufragio universal masculino en España, donde los hombres podían votar, pero solo se aplicaba a poblaciones con más de 40.000 habitantes, excluyendo a la mayoría del país.

La prohibición de la venta de propiedades de la Iglesia durante el periodo conservador (1856-1868).

Pobre calidad del cuerpo docente en España durante el periodo conservador, caracterizado por bajos salarios y falta de preparación.

El trabajo infantil era común durante el periodo conservador (1856-1868), lo que impedía que las familias pobres priorizaran la educación debido a su costo.

El control ideológico de la Iglesia sobre los contenidos de la educación durante el periodo conservador (1856-1868) ejercía una fuerte influencia en el sistema educativo.

La financiación local de la educación en España durante el periodo conservador (1856-1868) dependía de los ayuntamientos, lo que llevó a la falta de recursos para muchas escuelas.

El gobierno provisional formado en 1868 liderado por Serrano (Unión Liberal) y Prim (progresistas), excluyendo a demócratas y republicanos. Inicialmente, se enfocó en garantizar libertades como la prensa, asociación y cátedra.

Se convocaron Cortes Constituyentes para redactar una nueva Constitución. El proceso se basó en el sufragio universal masculino, lo que implicó la participación de un gran número de hombres en la toma de decisiones políticas.

La Constitución de 1869, elaborada por progresistas y unionistas, fue un hito en la historia española por su carácter democrático. Reconocía derechos individuales, estableció el sufragio universal masculino y limitó el poder del rey.

La Constitución de 1869 consolidó el poder de las Cortes, otorgándole el control legislativo. También intentó independizar el Poder Judicial, aunque la Iglesia mantuvo su influencia.

La Ley de Minas promulgada en 1869 facilitó la entrada de capital extranjero en España, incentivando la inversión en la industria minera.

En 1869, se unificó la moneda española, reemplazando las diversas monedas locales (escudos, ducados, castellanos, excelentes, maravedí) por la Peseta.

La libre asociación durante el sexenio democrático promovió el crecimiento del movimiento obrero. En Barcelona, ganó terreno el anarquismo, mientras que en Madrid, se fortaleció la corriente marxista.

La Constitución de 1869 liberalizó la educación, creando un ambiente propicio para el surgimiento de instituciones educativas innovadoras. Un ejemplo de ello es la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876.

La tasa de analfabetismo en España disminuyó drásticamente durante el siglo XIX, pasando del 90% a principios del siglo al 65% a finales del mismo. Este declive continuó hasta la década de 1930, alcanzando el 50%.

España, durante el siglo XIX, luchó por establecer una diplomacia eficaz. Su participación en campañas internacionales se limitaba a acciones de prestigio y exaltación patriótica, con Francia, pero sin obtener beneficios tangibles, como territorios o acuerdos comerciales. La expedición a Indochina (1857-1862) es un ejemplo.

En el siglo XIX, España, junto con Francia e Inglaterra, participó en una expedición a México para exigir el pago de deudas comerciales. Esta acción refleja las ambiciones de intervención y control europeas en América Latina.

El Pacto de Ostende, firmado en Bélgica, reunió a unionistas, progresistas y demócratas en el exilio. Todos ellos se unieron en su oposición a Isabel II, creando una fuerza política que eventualmente llevó a su derrocamiento.

La desamortización de Madoz, similar a la de Mendizábal, perjudicó al pequeño propietario, que ya no podía depender de recursos comunales para su subsistencia. Esto consolidó el poder de los latifundistas y contribuyó al caciquismo, un sistema de control local.

Los levantamientos populares en Málaga y Sevilla en contra de Isabel II, con llamados a la república y la muerte de la reina y los ricos, fueron brutalmente reprimidos. Estas protestas fueron censuradas y se prohibieron las críticas a la Corona.

Isabel II fue criticada por su comportamiento, acusada de lascivia, capricho y sumisión a sus emociones. Estas acusaciones estaban basadas en estereotipos de género que la alejaban de la imagen ideal de la mujer del hogar y la madre cristiana.

La prensa satírica utilizó la crítica y el humor para atacar a Isabel II. La pornografía de venganza y la misoginia se emplearon como herramientas para desprestigiarla y desacreditar su imagen pública.