Guarda de Menores: Castilla-La Mancha

• Este texto detalla los supuestos y disposiciones relacionados con la guarda de menores, según la legislación de Castilla-La Mancha y la Ley 26/2015.

Asunción de la Guarda (Ley 7/2023, Castilla-La Mancha)

• La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha puede asumir temporalmente la guarda de un menor en varias situaciones:
  • Cuando ostente su tutela.
  • A solicitud de los padres o tutores, bajo las circunstancias del artículo 172 bis del Código Civil.
  • Por acuerdo de la Autoridad Judicial.
  • Provisionalmente, para atención inmediata mientras se evalúan las circunstancias del menor y una posible situación de desamparo.
• La guarda prioriza el acogimiento familiar, y si no es posible o conveniente, se recurre al acogimiento residencial.

Disposiciones Comunes al Ejercicio de la Guarda

• La guarda debe ejercerse según lo establecido en el Plan Individualizado de Protección.
• Un Equipo Interdisciplinar valora si la guarda debe ser en acogimiento familiar o residencial, priorizando el interés superior del menor.
• La Comisión Provincial de Protección a la Infancia determina la modalidad de acogimiento, prefiriendo el familiar, especialmente para menores de seis años.
• No se recomienda el acogimiento residencial para menores de tres años, salvo imposibilidad o si no es lo mejor para el menor.
• El acuerdo de guarda se notifica a los interesados y al Ministerio Fiscal, y se comunica a la familia acogedora o al responsable del recurso residencial.
• La Comisión Provincial puede obligar a los padres o tutores a asumir los gastos de manutención del menor, según los precios públicos.

Guarda Voluntaria

• La guarda voluntaria tiene una duración máxima de dos años, con posible prórroga si el interés superior del menor lo aconseja y se prevé la reintegración familiar.
• Se requiere el compromiso de la familia de colaborar activamente y someterse a intervención profesional.
• El procedimiento se inicia con una solicitud escrita de los padres o tutores a la Comisión Provincial, explicando el motivo y el tiempo estimado.
• Un técnico del Equipo Interdisciplinar comprueba la gravedad y coyunturalidad de las circunstancias, la viabilidad de revertirlas con intervención, la inexistencia de alternativas, y que no constituyan desamparo.
• La guarda voluntaria puede cesar por acuerdo de la Comisión, a petición de los padres o tutores, por cese de la tutela, o por adopción de otra medida de protección.
• Los acuerdos de la Comisión ponen fin al procedimiento y son ejecutivos desde su fecha.
• La impugnación del acuerdo de guarda se realiza en los plazos de la legislación civil aplicable.

Guarda Provisional

• La Administración puede asumir la guarda provisional de un menor para prestar atención inmediata, según el artículo 172 del Código Civil.

Guarda por Resolución Judicial

• Las guardas asumidas por resolución judicial se ejercen en acogimiento familiar o residencial, según las circunstancias del menor valoradas por la Comisión Provincial.
• La Comisión concreta la familia, personas o centro adecuados, y cualquier medida complementaria en beneficio del menor.
• Los acuerdos de la Comisión se comunican a la autoridad judicial que adoptó la decisión.

Ley 26/2015

• La Entidad Pública debe asumir la guarda cuando los padres o tutores no puedan cuidar del menor por circunstancias graves y transitorias, o cuando lo acuerde el Juez.
• La guarda voluntaria tiene un máximo de dos años, con posible prórroga si es por el interés superior del menor y se prevé la reintegración familiar.
• Se requiere el compromiso de la familia de someterse a intervención profesional.

Disposiciones Comunes a la Guarda y Tutela (Ley 26/2015)

• Cuando la Entidad Pública asume la tutela o guarda, elabora un plan individualizado de protección con objetivos, previsión y plazo de las medidas de intervención con la familia de origen, incluyendo un programa de reintegración familiar.
• En menores con discapacidad, se garantiza la continuidad de los apoyos o la adopción de otros más adecuados.
• Si se prevé el retorno a la familia de origen, la Entidad Pública aplica el programa de reintegración familiar.
• Para el retorno del menor desamparado, se requiere una evolución positiva de la familia, mantenimiento de vínculos, propósito de desempeñar las responsabilidades parentales, y que no haya riesgos relevantes.
• En acogimiento familiar, se pondera el tiempo transcurrido, la integración en la familia de acogida y su entorno, y el desarrollo de vínculos afectivos.
• Tras la reunificación familiar, la Entidad Pública realiza un seguimiento de apoyo a la familia.
• En menores extranjeros no acompañados, se busca a la familia y se restablece la convivencia familiar si es su interés superior y no pone en riesgo su seguridad.
• Las menores embarazadas sujetas a medidas de protección reciben asesoramiento y apoyo adecuados, y esta circunstancia se contempla en su plan individual de protección.

Artículo 172 bis

• Cuando los padres o tutores no puedan cuidar al menor por circunstancias graves y transitorias, pueden solicitar a la Entidad Pública que asuma su guarda por un máximo de dos años, con posible prórroga si el interés superior del menor lo aconseja.
• Transcurrido el plazo, el menor debe regresar con sus padres o tutores, o ser declarado en situación de desamparo si no se dan las circunstancias adecuadas.
• La entrega voluntaria de la guarda se hace por escrito, informando a los padres o tutores de sus responsabilidades y de cómo se ejercerá la guarda.
• Se garantiza la continuidad de los apoyos especializados a menores con discapacidad.
• La resolución administrativa sobre la asunción de la guarda y sus variaciones se fundamenta y se comunica a los padres o tutores y al Ministerio Fiscal.
• La Entidad Pública asume la guarda cuando lo acuerde el Juez en los casos legales.

Artículo 172 ter

• La guarda se realiza mediante acogimiento familiar y, si no es posible o conveniente, mediante acogimiento residencial.
• El acogimiento familiar se realiza por la persona o personas que determine la Entidad Pública.
• El acogimiento residencial se ejerce por el Director o responsable del centro.
• No pueden ser acogedores quienes no puedan ser tutores legalmente.
• La resolución de la Entidad Pública se notifica a los padres o tutores que no estén privados de la patria potestad o tutela, y al Ministerio Fiscal.
• Se prioriza el interés del menor, su reintegración en la familia y que la guarda de los hermanos se confíe a una misma institución o persona.
• La situación del menor se revisa al menos cada seis meses.
• La Entidad Pública puede acordar estancias, salidas de fines de semana o de vacaciones con familias o instituciones adecuadas.
• Estas medidas se acuerdan tras oír al menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, si es mayor de doce años.