El Ius Puniendi del Estado

El Ius Puniendi del Estado

• El ius puniendi del Estado se refiere a la función, facultad o potestad punitiva del Estado de aplicar penas a presupuestos lesivos de valores o bienes jurídicos.

Fundamento del Ius Puniendi

• El fundamento principal es la necesidad de garantizar la protección de la sociedad mediante la prevención general y especial de delitos.
• Esto implica proteger los bienes jurídicos más preciados contra los ataques más intolerables.
• Si se defiende una concepción judicial o retributiva de la pena, también incluye la necesidad de realizar la justicia a través de la imposición de la pena. Esto se conoce como el fundamento funcional del ius puniendi.

Limitación del Ius Puniendi

• España como Estado social y democrático de Derecho, defiende valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (Art. 1,1 CE).
• Es necesario limitar el ius puniendi para sustentar un Estado garantista.
• Todo lo que limita la pena es, a su vez, su fundamento (Pérez Manzano).

Principios Limitadores del Ius Puniendi

• Principio de intervención mínima.
• Principio de legalidad.
• Principio de culpabilidad.
• Principio del hecho.
• Principio del bien jurídico.
• Principio de Proporcionalidad.
• Principio de Resocialización.
• Principio “non bis in idem".
• Principio de peligrosidad.
• Otros.

Principio de Intervención Mínima

• El Derecho Penal (DP) solo debe proteger el mínimo ético, según Jellineck.
• San Agustín sostenía que la ley humana debe castigar solo lo que sea preciso y para mantener la paz entre los hombres.
• El DP tiene un doble carácter subsidiario y fragmentario.

Carácter Subsidiario

• Solo debe intervenir cuando otros medios de protección de bienes jurídicos resulten ineficaces.

Carácter Fragmentario

• Debe proteger únicamente los bienes jurídicos más fundamentales para el individuo y la sociedad contra los ataques más intolerables.

Principio de Legalidad

• El DP está sujeto a la Ley.
• Nadie puede ser castigado por hechos no definidos como delito en una ley anterior a su comisión, ni con penas distintas a las contempladas por la ley.
• Incluye los aforismos: "nulla poena sine lege", "nulla poena sine crimine" y "nullum crimen sine poena legali".
• Art. 9.3 CE garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
• Art. 25.1 CE: Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en el momento de producirse.
• El principio de legalidad se puede estudiar en tres planos según Sainz Cantero: teoría de las fuentes del derecho, ámbito de las garantías individuales y técnica de elaboración de las leyes.

Teoría de las Fuentes del Derecho

• Impone una reserva de ley en materia penal.
• Distinguiendo entre leyes orgánicas y leyes ordinarias en la Constitución.
• Según el Tribunal Constitucional (TC), la legislación en materia penal se traduce en reserva absoluta de ley según el art. 25.1 CE, en relación con el art. 81.1.
• Esto ocurre cuando las normas sancionadoras afecten a los Derechos Fundamentales.

Ámbito de las Garantías Individuales

• Garantía Criminal (Nullum crimen sine previa lege): no hay delito sin ley previa (art. 25 CE).
• Garantía penal (Nulla poena sine previa lege): no hay pena sin ley previa (arts. 9 y 117.1 CE).
• Garantía jurisdiccional: la pena solo puede ser impuesta de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en la ley.
• Garantía de ejecución: la ejecución de la pena debe realizarse en la forma prevista en la Ley o los reglamentos.
• Art. 1.1 CP: No será castigada ninguna acción u omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
• Las medidas de seguridad solo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley.
• Art. 10 CP: Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas la ley.
• Art. 4.1 CP: Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
• Art. 4.2 CP: En el caso de que un Juez o Tribunal, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estima digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.
• Art. 117.1 CE: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
• Art. 2.1. CP: No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo la Leyes que establezcan medidas de seguridad.
• Art. 2.2 CP: Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
• En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo.
• Los hechos cometidos, bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.
• Art. 24 CE: Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
• Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
• Art. 117.3 CE: El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes.
• Art. 3.1 CP: No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
• Art. 3.2 CP: Tampoco podrán ejecutarse penas ni medidas de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.
• La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces o Tribunales competente.

Técnica de Elaboración de las Leyes

• "lex scripta, praevia y certa."
• En la elaboración de las leyes han de tenerse en cuenta varias notas:
• No deben emplearse cláusulas generales.
• Solo una taxativa descripción típica impedirá la interpretación analógica.
• En lo posible utilizar tipos cerrados.
• Evitar que por unos mismos hechos pueda una persona ser sancionada dos veces "non bis in idem".
• La pena debe fijarse en el tipo, compatible con unos márgenes que permitan al Juez su individualización.
• LEX SCRIPTA hace referencia a la exigencia de ley escrita, lo que implica la exclusión de la costumbre, jurisprudencia y principios generales del Derecho no escritos como fuente de normas penales.
• Reserva de LO en la medida que van a afectar al Derecho Fundamental a la libertad.
• Problemas: recurso a las normas penales en blanco y la función del resto de fuentes del Derecho en el ámbito penal.
• Tienen gran relevancia como fuentes indirectas: -Costumbre: Completa conceptos indeterminados que deben dotarse de contenido por los usos sociales, por ejemplo en el delito de cohecho, la dádiva debe superar lo admitido según los usos sociales.
• Los principios generales del derecho: No escritos, desempeñan una función de ampliación del DP. El principio in dubio pro reo puede operar en la decisión de la ley aplicable.
• Jurisprudencia: Función complementadora y de apoyo, determinando a veces la modificación de la ley. El TC fuente negativa si declara la inconstitucionalidad.
• Principio de taxatividad: Exigencia que la ley esté formulada con la máxima precisión.
• Se dirige al legislador para que formule la ley con la máxima precisión (lex certa).
• Se dirige al juez exigiéndole que se ciña a la ley en su aplicación prohibiéndole la analogía (lex stricta).
• Prohibición de la analogía (Art. 4.1 CP): "Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas".
• Prohibición absoluta de analogía in malam partem y se admite analogía in bonam partem.
• Prohibición de retroactividad: Art. 2 CP:
• No se castigará ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración.
• Carecerán de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad (Malam partem).
• Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo (Bonam partem).

Principio de Culpabilidad

• Nulla poena sine culpa: no hay pena sin culpabilidad.
• Art. 5 CP: No hay pena sin dolo o imprudencia.
• Se puede concretar en: -Culpabilidad como fundamento de la pena (necesaria capacidad de culpabilidad). -Culpabilidad como elemento de determinación o medición de la pena. -Proscripción de la responsabilidad objetiva (necesario dolo o imprudencia). -Responsabilidad individual no colectiva.
• Efectos: Ppio responsabilidad por el hecho/ppio de personalidad de las penas.

Principio del Hecho

• El DP actúa cuando se realiza una acción, en sentido amplio, por un sujeto.
• Del campo del DP se excluyen la fase interna, de ideación, deliberación y resolución.
• No puede concebirse el delito como un modo de ser: Se castiga al hombre por lo que hace y no por lo que es.

Principio del Bien Jurídico

• El DP protege determinados bienes jurídicos y solo debe tipificarse como delito una lesión efectiva o potencial, a través de una acción u omisión, dolosa o culposa.
• Solo deberá amparar como bienes jurídicos condiciones fundamentales de la vida social, en la medida en que afecten a las posibilidades de participación de los individuos en el sistema social.

Principio de Proporcionalidad

• Art. 12 de la Declaración de Derecho y Deberes del Hombre y del Ciudadano (1795): "la ley no debe señalar sino las penas estrictamente necesarias y proporcionales al delito".
• Criterios: -Importancia del Bien Jurídico afectado -Forma de ataque al Bien jurídico (dolo/imprudencia)
• Grado de potencialidad lesiva.

Principio de Resocialización

• Art. 25.2 CE: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.

Principio Non Bis in Idem

• Origen CP 1928, art. 853: No podrá castigarse un mismo hecho con sanción judicial y gubernativa.
• Concepto: El mismo injusto no puede ser sancionado más de una vez.
• Una persona no puede ser castigada más de una vez, ni con más de una pena o sanción por la misma infracción.
• Implícito art. 25.1 CE.
• Se ha configurado como un Derecho Fundamental integrado en el principio de legalidad.
• Prohíbe la duplicidad de sanciones por mismo hecho, mismo sujeto, mismo fundamento.
• Criterios TC (STC 159/1985): -Pueden acumularse las sanciones que respondan a fundamento distinto. -Prohíbe que autoridades del mismo orden sancionen repetidamente el mismo hecho a través de procedimientos distintos.
• Excepción, Derecho penal y administrativo. Requisitos: Relación de sujeción especial con la Administración, Interés jurídicamente protegido distinto.

Principio de Peligrosidad

• Planteamiento garantista respecto a las medidas de seguridad y a los estados peligrosos implícito en el art. 6.
• Art. 6.2 CP: Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.
• Límite objetivo (duración de la pena) y subjetivo (peligrosidad del autor).

Otros Principios Limitadores

• Principio de igualdad (Art. 14 CE): Obliga al Derecho Penal a distinguir el tratamiento sancionador en función de las capacidades concretas del autor del hecho delictivo.
• Principio de humanidad de las penas (Art. 15 CE): Prohíbe la tortura, los tratos inhumanos y degradantes y la pena de muerte.
• Principio de presunción de inocencia (Art. 24 CE): Garantiza el derecho a recibir la consideración de no autor, siendo el fundamento de la condena la prueba.