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Los tribunales españoles no pueden conocer de cualquier asunto que plantee cualquier persona referido a cualquier materia.
Los límites de la jurisdicción española están establecidos en los artículos 22 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Los límites pueden estar fijados por el propio Estado español de forma unilateral o por tratados y convenios internacionales donde España sea parte.
Los criterios de atribución de competencia se pueden distinguir en:
- Exclusividad: Se establece la competencia exclusiva de los tribunales españoles en ciertas materias, con independencia de si hay pacto o no de sumisión. Se detallan en el artículo 22 de la LOPJ. (Ejemplos de materias son: derechos reales, arrendamientos de bienes inmuebles en España, etc.)
- Generales: En defecto de exclusividad, la competencia se determina por la sumisión expresa o tácita, o por el domicilio del demandado en España.
- Especiales: Cuando no se aplica ninguno de los criterios generales, se aplican fueros especiales, como los relacionados con personas y derecho de familia, obligaciones civiles y mercantiles, así como derechos reales. Pueden también especificarse fueros especiales en materia de adopción de medidas provisionales o concursal.

Los tribunales del orden civil tienen competencia en aquellas materias que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional (contencioso-administrativo o laboral).
Las cuestiones prejudiciales se dan cuando las decisiones del proceso civil dependen de decisiones de otros órganos jurisdiccionales.
Existen 3 tipos de cuestiones prejudiciales:
- Prejudicialidad civil
- Prejudicialidad laboral y administrativa
- Prejudicialidad penal
La prejudicialidad constitucional se refiere a la imposibilidad de los tribunales de declarar la inconstitucionalidad de una ley.

Existen dos posiciones en todo proceso civil: activa (actor), que inicia el proceso, y pasiva (demandado).
Para ser parte en un proceso civil es necesario tener capacidad jurídica y procesal, y estar legitimado.
Las personas físicas adquieren la capacidad jurídica al nacer, y la capacidad procesal a partir de la mayoría de edad.
Los menores de edad están representados por los padres o tutores.
Si existen litigios entre los representantes, se nombra un defensor judicial.
Las personas jurídicas tienen capacidad jurídica desde su constitución y están representadas por sus administradores o gestores.
Las personas sin personalidad jurídica, como las masas patrimoniales, son representadas según lo determine la ley.
En caso de muerte de una parte, entra en escena la sucesión procesal.

La legitimación es un requisito para participar en un proceso civil, además de la capacidad jurídica.
Distinguiéndose entre:
- Legitimación ordinaria: la persona que ejerce la acción coincide con el titular del derecho.
- Legitimación extraordinaria: la persona que ejerce la acción no coincide con el titular del derecho, sino que éste se manifiesta a través de un representante o asociación designada por la ley. (Ej. asociaciones de consumidores para defender intereses difusos)

Antes de iniciar un proceso, los abogados pueden realizar actividades de estrategia procesal.
La conciliación y las diligencias previas son actividades que pueden ayudar a resolver el conflicto antes del proceso judicial.

Una audiencia previa es un requisito en los procesos civiles para clarificar detalles esenciales del caso antes del juicio oral.
Tiene funciones de conciliación (o intento de acuerdo entre partes), clarificación y delimitación del objeto de la controversia y determinación de la prueba.

La sentencia es la resolución final de un proceso civil, donde se expresa la decisión del juez sobre el caso.
La sentencia debe ser clara, precisa y exhaustiva, resolviendo todos los puntos litigiosos y razonando la decisión del tribunal.

El recurso de apelación es un medio de impugnación ante un órgano judicial superior, de resoluciones ya firmes.
Se revisan los hechos y fundamentos jurídicos de la sentencia, no se introducen nuevas pruebas.
La apelación debe interponerse en un plazo determinado y con ciertos requisitos de forma.

Los recursos extraordinarios son de uso excepcional y se presentan ante un órgano judicial superior.
Se permiten para casos específicos como vulneraciones graves de la ley.

La ejecución forzosa es el proceso judicial para realizar las sentencias.
Los títulos ejecutivos son los documentos que permiten iniciar la ejecución.
Existe una distinción entre títulos judiciales y títulos extrajudiciales.
Se distinguen diferentes formas de ejecución forzosa: enajenación, adjudicación y administración judicial.

La ejecución provisional de una sentencia es posible sí esta es firme, sin agotar todo el procedimiento normal.

Para iniciar un proceso de ejecución, previamente debe haber una demanda ejecutiva que contenga el título.
La demanda se somete a control si hay problemas en los presupuestos procesales.

Las ejecuciones no dinerarias, que no se basan en una deuda dineraria, necesitan un título o fundamento especial para su realización.
Se utilizan para obligar a cumplir una determinada conducta, como construir o reparar una infraestrucutra.

Son medidas adoptadas para asegurar la efectividad y evitar perjuicios a las partes.
Se deben de cumplir con requisitos legales y debe existir una justificación para su adopción.

El proceso cautelar acompaña al principal y busca evitar perjuicios irreparables.
El procedimiento cautelar requiere ciertos pasos si no se tiene audiencia previa.

Las costas procesales incluyen los gastos del proceso, que incluyen honorarios de abogados y procuradores.
El tribunal es quien decide sí se condena en costas y a quién.

Los procesos civiles privilegiados son aquellos qué se rigen por normas especiales, atendiendo a la materia.
El juicio ordinario es el más utilizado cuando la materia no está especificada.