Derechos de Conciliación Vida Familiar y Laboral

El permiso de maternidad en España es de 16 semanas sin interrupción, y puede ampliarse en 2 semanas por cada hijo adicional a partir del segundo hijo.

El permiso de paternidad en España en 2022 es de 16 semanas. Anteriormente, era de 8 semanas (2019), 12 semanas (2020), y ahora 16 semanas (2021).

Este permiso permite a los padres (hombre o mujer) tomar un tiempo libre del trabajo para alimentar a su bebé hasta que cumple 9 meses. Se puede dividir en dos períodos.

Los trabajadores con hijos menores de 12 años o con un familiar con discapacidad pueden reducir su jornada laboral. La reducción puede ser entre 1/8 y 1/2 de la jornada, con una reducción proporcional del salario.

Este permiso permite a los trabajadores dejar su empleo por un periodo máximo de 3 años para cuidar de un hijo menor de 3 años o de un familiar dependiente.

La Ley de Igualdad (Ley 39/1999) reconoce los derechos a la conciliación como la manera de fomentar la igualdad de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y evitar la discriminación por género.

El Estatuto de los Trabajadores (España, 2015d) y el Estatuto Básico del Empleado Público (España, 2015e) regulan los derechos de conciliación laboral en España.

El derecho a la conciliación de la vida personal y laboral se basa en la Ley de Igualdad, el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público.

Establece los derechos para las víctimas de delitos en España, tanto procesales como extraprocesales.

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a ser informadas de la situación procesal del inculpado o condenado sin necesidad de solicitarlo.

Se extiende la protección legal a las víctimas directas de violencia de género, incluyendo al cónyuge, hijos, padres, familiares y personas bajo su tutela o curatela.

Los menores en un contexto de violencia de género son considerados víctimas y reciben apoyo psicológico y asistencia integral.

Se permite conceder órdenes de protección similares a las del progenitor víctima a los hijos, incluso si no lo solicita la víctima.

Título del Estatuto de la Víctima del Delito que define los derechos comunes a todas las víctimas.

Título del Estatuto que detalla los derechos extraprocesales de las víctimas, como el derecho a la información y asistencia.

Título del Estatuto que regula la participación de la víctima en el proceso penal, incluyendo la ejecución de la pena.

Título del Estatuto que trata la protección específica para las víctimas, incluyendo medidas para ciertos colectivos vulnerables.

Garantía de que el interés superior del menor guíe las decisiones en su caso, especialmente en relación a las medidas de protección.

El Estatuto se basa en las demandas de la sociedad y la normativa europea, con el objetivo de proteger a las víctimas.

El Estatuto recopila los derechos de las víctimas en un único texto, incluyendo los derechos procesales y extraprocesales.

Directiva europea que establece normas mínimas para la protección de las víctimas de delitos.

El Estatuto incluye disposiciones para proteger a los menores que se encuentran en un ambiente de violencia de género o doméstica.

El Estatuto busca garantizar el acceso de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo, especialmente para los menores.

Las medidas de protección se implementan para evitar represalias, intimidación, victimización secundaria, daños psíquicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y declaraciones.

Las medidas de protección física incluyen la separación física entre la víctima y el infractor, como el uso de salas separadas en los tribunales.

Las medidas de protección específicas se enfocan en colectivos vulnerables que no tienen legislación especial, como menores víctimas de abuso o trata de personas.

Reforzar la colaboración entre los servicios de asistencia a las víctimas, incluyendo redes públicas y privadas.

Se regula la obligación de reembolso por parte de las víctimas fraudulentas que hayan ocasionado gastos a la Administración.

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación, desde el primer contacto con las autoridades.

Las víctimas tienen derecho a recibir información personalizada sobre el delito cometido, los daños sufridos y el proceso penal.

Las víctimas serán informadas de manera inmediata sobre la fecha, hora y lugar del juicio, así como del contenido de la acusación.

Los hijos menores de las víctimas de violencia de género, sexual o doméstica tienen derecho a medidas de asistencia y protección.

Las declaraciones de las víctimas deben ser recibidas por profesionales capacitados para minimizar el daño a la víctima.

En el caso de menores, personas discapacitadas y víctimas de violencia sexual, se toman medidas para evitar que el proceso judicial sea una fuente de nuevos daños.

Las declaraciones recibidas durante la investigación se graban y pueden reproducirse en el juicio.

La declaración de la víctima puede ser recibida por medio de personas expertas, como psicólogos, para facilitar la comunicación.

Se busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del trato respetuoso y la protección de las víctimas del delito.

La Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, fue modificada para fortalecer los derechos y la protección de las víctimas.