Derechos de Conciliación Familiar y Laboral

La Ley de Igualdad establece que los instrumentos de conciliación son derechos fundamentales para fomentar la distribución equitativa de las responsabilidades familiares y evitar la discriminación laboral por razón de género.

El permiso de maternidad en España dura 16 semanas, ampliables en casos de parto múltiple, y con duración de 16 semanas en 2022, tras las mejoras en los últimos años.

El permiso de paternidad en España en 2022 es de 16 semanas, tras las sucesivas mejoras que lo elevaron a 8 semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021.

Este permiso permite a uno de los padres (hombres o mujeres) ausentarse del trabajo para amamantar a su hijo hasta los 9 meses de edad, pudiendo dividirse en dos periodos.

Los trabajadores con hijos menores de 12 años o personas con discapacidad a su cargo pueden reducir su jornada laboral entre un octavo y la mitad, con una reducción proporcional del salario.

Este permiso permite a los trabajadores ausentarse del trabajo por un máximo de 3 años para cuidar de hijos menores de 3 años o familiares dependientes.

El Estatuto de los Trabajadores regula los derechos específicos de conciliación para los trabajadores en el ámbito privado, mientras que el Estatuto Básico del Empleado Público lo hace para los trabajadores en el ámbito público.

Las vacaciones son un derecho laboral que permite a los trabajadores descansar y disfrutar de su tiempo libre.

Esta ley amplía los derechos de las víctimas de violencia de género y crea la figura de víctima indirecta.

Se refiere a las personas que, aunque no sean directamente víctimas de un delito, sufren las consecuencias del mismo.

La víctima tiene derecho a conocer el estado procesal del inculpado o condenado sin necesidad de solicitarlo.

Se considera a los menores como víctimas en casos de violencia de género y reciben apoyo psicológico y asistencia integral.

El juez puede conceder órdenes de protección a los hijos de víctimas de violencia de género, incluso sin solicitud previa.

El objetivo principal es proteger la dignidad de las víctimas, sus bienes materiales y morales, así como la seguridad del conjunto de la sociedad.

El estatuto unifica los derechos de las víctimas, tanto procesales como extraprocesales, en un solo texto legislativo.

Se busca garantizar que el menor víctima reciba el apoyo necesario y las medidas de protección adecuadas.

El interés superior del menor debe guiar cualquier decisión tomada en relación a él durante el proceso penal.

Se establece un catálogo general de derechos comunes a todas las víctimas, desde el acceso a servicios de apoyo hasta su participación en el proceso penal.

Se reconocen derechos extraprocesales comunes a todas las víctimas, como el derecho a información, asistencia lingüística gratuita y acceso a servicios de apoyo.

Se regula la participación de la víctima en el proceso penal y su intervención durante la fase de ejecución de la pena.

Se abordan temas relacionados con la protección específica de las víctimas, incluyendo medidas adicionales para ciertos tipos de víctimas.

Se reconocen y protegen los derechos de todas las víctimas, incluyendo a los menores en entornos de violencia de género o doméstica.

El Estatuto se basa en la normativa europea y satisface las necesidades de la sociedad española.

Las medidas de protección buscan proteger a las víctimas de represalias, intimidación, victimización secundaria, daños psicológicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y declaraciones.

Las medidas de protección específicas se enfocan en grupos vulnerables, con protección legal adicional para menores víctimas de abuso, explotación o pornografía infantil, víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad y otros grupos.

El Título IV de la Ley establece disposiciones comunes para abordar la organización y el funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delito.

La ley introduce medidas para reforzar la coordinación entre los servicios que asisten a las víctimas y la colaboración con redes públicas y privadas.

Las víctimas que hayan sido condenadas por simulación de delito o denuncia falsa deberán reembolsar los gastos que hayan ocasionado a la Administración por su asistencia.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, modificó la Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito.

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y reparación durante todo el proceso penal y un período de tiempo adecuado después de su conclusión.

Las víctimas tienen derecho a recibir información sobre el delito cometido, los daños sufridos y el desarrollo del proceso penal.

Las víctimas deben ser notificadas de las resoluciones importantes en el proceso penal, como la fecha y hora del juicio.

Los hijos menores de edad y los menores bajo tutela de las víctimas de violencia doméstica, sexual o de género tienen derecho especial a medidas de asistencia y protección.

Las declaraciones de la víctima durante la investigación deben ser grabadas audiovisualmente y pueden ser reproducidas en el juicio.

Se debe considerar la posibilidad de que las víctimas menores de edad, con discapacidad o víctimas de violencia sexual sean declaradas por profesionales formados en perspectiva de género.

El artículo 34 de la Ley se enfoca en la sensibilización sobre la importancia de la protección y asistencia a las víctimas.