Derecho Penal: Parcial 1

Ningún delito o pena puede aplicarse sin una ley previa que lo defina. La ley debe estar escrita, ser previa al acto y clara.

No hay delito ni pena sin ley previa. (Principio básico del principio de legalidad)

Derecho del Estado a castigar violaciones de la ley.

Una ley penal no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor, excepto si es beneficiosa para el reo.

Nadie puede ser sancionado por una acción o omisión no tipificada como delito en el momento de la comisión.

Garantiza y rige los principios de legalidad, irretroactividad, seguridad jurídica y límites a la arbitrariedad del poder.

La ley debe estar escrita.

La ley debe ser previa al acto delictivo.

El legislador debe aplicar el Código Penal respetando la libertad, evitando castigos excesivos. Las penas deben ser coherentes con la gravedad del hecho y no afectar los derechos fundamentales.

La pena debe ser adecuada a la finalidad de la protección del bien jurídico. Una pena debe ajustarse al delito.

El uso del Código Penal debe ser la última opción cuando sea estrictamente necesario; valorando si la conducta requiere intervención legal.

El legislador debe establecer consecuencias proporcionales a los hechos castigados.

Los jueces deben aplicar las penas de manera proporcional a los hechos.

Valores básicos protegidos por la Constitución (ej. vida, libertad). El CP debe respetarlos.

Valor o interés protegido por la ley, que el CP busca defender.

El CP solo puede castigar conductas que representen una afectación a un bien jurídico.

Es un principio fundamental en un estado democrático que establece que todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera ante la ley, sin discriminación alguna.

El estado favorece a ciertos grupos considerados desprotegidos para compensar las desigualdades existentes.

El Poder Legislativo (crea leyes), Judicial (aplica leyes) y Ejecutivo (gobierno) tienen la responsabilidad de promover la igualdad y evitar la discriminación.

El objetivo principal de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad es la reeducación y reinserción social del condenado. Busca preparar al individuo para reintegrarse a la sociedad tras su condena.

La posibilidad de que un condenado reincida en un delito tras cumplir su condena. Una de las razones por las que el legislador busca la reinserción social es para reducir este riesgo.

Las penas deben ser justas, proporcionales al delito cometido y respetar la dignidad humana. Las penas corporales y crueles están prohibidas y el Estado está obligado a evolucionar hacia un sistema penal más humano.

Pensador del siglo XVIII que defendió el derecho de las personas a vivir en libertad con un Estado justo. Criticó el antiguo derecho penal absolutista y las penas corporales, abogando por un sistema penal más humano.

Una condena a prisión sin fecha de liberación, pero con posibilidad de revisión. Las penas permanentes revisables buscan equilibrar la necesidad de protección social con la posibilidad de rehabilitación del condenado.

La interpretación realizada por el propio creador de la ley.

Interpretación de la ley en el ámbito académico, a través de estudios y análisis.

Interpretación realizada por los jueces en el ámbito judicial.

Interpretación basada en el significado literal de las palabras de la ley.

Interpretación que considera el contexto histórico y social en el que se creó la ley.

Interpretación de la ley teniendo en cuenta su ubicación dentro del sistema jurídico, su relación con otras leyes.

Interpretación que aplica principios lógicos para determinar el significado de la ley.

Interpretación que busca la finalidad u objetivo que perseguía el legislador al crear la ley.

Rama del derecho que regula los crímenes más serios a nivel global, como genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se basa en el principio de justicia universal y busca proteger a la humanidad de la impunidad.

Tratado internacional que creó la Corte Penal Internacional. Define los crímenes que esta corte puede juzgar y determina su funcionamiento.

Entrega de un individuo por parte de un país a otro para que sea juzgado por un delito cometido en el país que solicita la extracción.

Sistema simplificado de extradición dentro de la Unión Europea que facilita la detención y traslado de un sospechoso de un estado miembro a otro.

Derecho a la protección y refugio en un país distinto al de origen para personas perseguidas por motivos de ideologías, religión, identidad sexual, etc.

Se debe demostrar que volver al país de origen conlleva un riesgo de tortura o muerte, que la persona es perseguida por razones de ideología, religión, identidad sexual, etc., o que es apátrida.

Persona que no tiene nacionalidad. Suelen ser perseguidos y no tienen el mismo nivel de protección legal porque no pertenecen a ningún estado.

Principio que rige la extradición, que obliga a los estados a conceder la solicitud solo si el país solicitante la otorgaría de manera similar.