Derecho Penal Artículos 1-6

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.

Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.

La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.

La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal por tiempo de un mes a menos de seis meses.

La multa de hasta tres meses.

La localización permanente de un día a tres meses.

La pena se considera leve si, por su extensión, puede considerarse como leve y menos grave.

Las penas se dividen en graves, menos graves y leves.

La prisión permanente revisable, la prisión superior a 5 años y la inhabilitación absoluta son consideradas penas graves.

La prisión de 3 meses a 5 años, inhabilitaciones especiales hasta 5 años y la suspensión de empleo hasta 5 años son penas menos graves.

La multa de más de 3 meses, la privación del derecho a conducir de un año y un día hasta 8 años y la privación del derecho a la tenencia de armas de un año y un día a 8 años son consideradas penas menos graves.

Incluye la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por un período de seis meses a cinco años.

La privación del derecho a residir en ciertos lugares por un período de seis meses a cinco años es considerada una pena menos grave.

La privación de la patria potestad es una pena grave.

Solo se puede castigar a una persona por un delito si este estaba definido como tal en la ley antes de que la persona lo cometiera.

Ningún delito puede ser castigado con una pena mayor a la que estaba establecida en la ley antes de que se cometiera el delito.

Las leyes penales que favorezcan a un reo, es decir, que le otorguen una pena menor o lo eximen de responsabilidad, pueden aplicarse a delitos cometidos antes de su entrada en vigor.

La ejecución de penas o medidas de seguridad solo puede llevarse a cabo después de una sentencia firme y de acuerdo con las leyes procesales.

El dolo o la imprudencia son requisitos necesarios para que haya un delito.

Las medidas de seguridad se aplican basados en la peligrosidad criminal del sujeto, es decir, en el riesgo de que cometa nuevos delitos.

Las medidas de seguridad no pueden ser más graves ni durar más tiempo que la pena que se aplicaría al delito cometido.

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando la ley expresamente lo disponga.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos implica la restricción física de un individuo a estar presente en ciertos lugares, normalmente debido a un delito o a la necesidad de proteger a una víctima o a un grupo.

La prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares u otras personas que determine el juez o el tribunal, implica una distancia física obligatoria entre el individuo y la víctima o las personas protegidas. Se aplica para evitar el contacto directo y la posible intimidación.

La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, limita la comunicación entre el individuo y las personas protegidas, incluyendo la comunicación verbal, escrita o digital. Se aplica para evitar la intimidación o el contacto.

Los trabajos en beneficio de la comunidad son una forma de sanción que consiste en realizar trabajos de utilidad pública en instituciones o organizaciones sociales como alternativa a una pena de prisión, y permiten al individuo contribuir a la sociedad e intentar redimirse.

La privación de la patria potestad es una medida legal que priva a un padre o madre de los derechos y deberes que acompañan la parentalidad, entre ellos el derecho a la custodia, la educación y la representación legal del hijo.

Si el condenado no paga la multa impuesta, puede ser obligado a cumplir una responsabilidad personal subsidiaria, que consiste en un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

La responsabilidad personal subsidiaria por multa puede cumplirse mediante localización permanente.

La responsabilidad personal subsidiaria por multa puede cumplirse mediante trabajos en beneficio de la comunidad.

En el caso de multas proporcionales, el juez establece la duración de la responsabilidad personal subsidiaria, la cual no puede exceder de un año.

La responsabilidad personal subsidiaria no se aplica a condenados a penas de prisión superiores a cinco años.

El cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria extingue la obligación de pago de la multa, incluso si el penado mejora su situación económica.

El pago de la multa impuesta a una persona jurídica puede fraccionarse durante un período de hasta cinco años.

Si la persona jurídica condenada no paga la multa en el plazo establecido, el tribunal puede intervenir la empresa hasta el pago total.

Prohíbe a una empresa o persona jurídica recibir subvenciones, contratos públicos, beneficios fiscales y seguridad social por un periodo máximo de 15 años. Esta medida se aplica como sanción por infringir la ley.

Implica la intervención de un juez o tribunal para proteger los derechos de los trabajadores o acreedores de una empresa. Puede durar hasta 5 años y aplicarse a toda la organización o ciertas partes.

Se aplica a las personas condenadas por un delito y les impide ejercer cargos públicos, profesiones o participar en ciertas actividades.

Impide a la persona condenada ejercer un empleo o cargo público específico.

Es la pena que prohíbe a alguien conducir vehículos motorizados y ciclomotores.

La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa son las penas que incluyen el encierro.

Estas penas restringen ciertos derechos de las personas condenadas, impidiendo que ejerzan cargos públicos, ciertas profesiones, o participen en determinadas actividades.

Esta pena limita el ejercicio de ciertos derechos, como la patria potestad, la tutela, la guarda o la curatela. También puede impedir la tenencia de animales, el derecho a votar o otros derechos.