Derecho Penal: Artículos 1-3

La pena se considera "leve" si su duración es menor y no tiene gravedad.

La pena de prisión permanente revisable (PPR) es la pena más grave en el Código Penal español.

La inhabilitación absoluta es una pena grave que impide al condenado ejercer cualquier derecho civil o político.

La privación del derecho a conducir vehículos por más de 8 años es considerada una pena grave.

La prisión de 3 meses a 5 años es una pena menos grave.

La suspensión de un cargo público por hasta 5 años se considera una pena menos grave.

La prohibición de aproximarse a la víctima por un tiempo de 6 meses a 5 años es una pena menos grave.

La multa de más de 3 meses se considera una pena menos grave.

Una acción u omisión no puede ser castigada si no está definida como delito por ley antes de su ocurrencia.

La pena por un delito no puede ser más grave que la prevista por ley antes de la comisión del delito.

Las leyes penales que favorecen al reo pueden aplicarse de forma retroactiva, incluso si ya hay una sentencia firme.

Para que una pena o medida de seguridad se ejecute, debe haber una sentencia firme dictada por un juez.

La culpabilidad se basa en el dolo o la imprudencia.

Las medidas de seguridad se aplican a personas con peligrosidad criminal, basadas en la comisión de un delito.

Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes que la ley castiga son consideradas delitos.

Solo se castigan las acciones u omisiones imprudentes cuando la ley lo especifica.

Es un tipo de pena que consiste en la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de tiempo especificado.

Es una pena accesoria que se aplica por impago de una multa.

Es una pena que se aplica a las personas jurídicas, es decir, a las empresas.

Es una pena que se aplica a las personas jurídicas y consiste en la suspensión de sus actividades por un periodo de tiempo determinado.

Es una pena que se aplica a las personas jurídicas y consiste en la clausura de sus locales y establecimientos por un periodo de tiempo determinado.

Es una pena que se aplica a las personas jurídicas y consiste en la prohibición de realizar determinadas actividades futuras.

Es una pena que se aplica a las personas jurídicas y consiste en la imposición de una multa.

Es una pena que se aplica a las personas jurídicas y consiste en la suspensión del derecho a practicar una profesión u oficio.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas es una medida que restringe la posibilidad de un individuo de poseer y transportar armas de fuego.

La privación del derecho a residir en determinados lugares o lugares a los que se puede ir, es una medida que prohíbe que un individuo viva o visite ciertos lugares.

La prohibición de acercarse a la víctima, familiares u otras personas designadas por el juez o tribunal, es una medida que impide que un individuo se acerque a ciertas personas.

La prohibición de comunicarse con la víctima o sus familiares u otras personas designadas por el juez o tribunal, es una medida que evita que un individuo se ponga en contacto con ciertas personas.

Los trabajos en beneficio de la comunidad son una medida que involucra realizar tareas para beneficio de la sociedad.

La privación de la patria potestad es una medida que limita o quita los derechos y obligaciones de los padres sobre sus hijos.

La pena de multa consiste en una sanción económica impuesta a un condenado.

La pena de multa se calcula como días-multa, con un mínimo de diez días y un máximo de dos años.

Es la pena más grave dentro de las penas privativas de derechos. Implica la pérdida de todos los derechos políticos, civiles y sociales, incluidos los derechos de sufragio, la patria potestad y la posibilidad de trabajar en el sector público.

Este tipo de intervención judicial puede afectar a una empresa o entidad. Se limita a salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores, y no excede un periodo de cinco años.

Las penas privativas de libertad son aquellas que implican la limitación del derecho a la libertad personal. Pueden incluir la prisión, la localización permanente o la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas.

Se puede dictar como medida cautelar durante la instrucción de un caso. Consiste en la clausura temporal de locales o establecimientos y la suspensión de actividades comerciales.

Es un tipo de pena que implica la imposibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas o contratos con el sector público, así como beneficios fiscales. La duración de esta pena no puede exceder los 15 años.

Estas penas limitan el ejercicio de derechos como la participación política, la posesión de armas, la tenencia de animales o la paternidad.

Si no se paga la multa impuesta, el condenado puede enfrentar un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no pagadas. Esta alternativa puede cumplirse mediante localización permanente en delitos leves. El tiempo de la pena no está limitado como en el artículo 37 apartado 1.

El Juez puede acordar, con la conformidad del condenado, que la responsabilidad subsidiaria por multa se cumpla trabajando en beneficio de la comunidad. Este tipo de trabajo se computa como un día de privación de libertad por cada jornada de trabajo.

El Juez y el Tribunal determinarán, según su criterio, la responsabilidad personal subsidiaria en casos de multa proporcional. Esta responsabilidad no puede ser mayor a un año. También se puede cumplir trabajando en beneficio de la comunidad.

La responsabilidad subsidiaria no se aplica a condenados con penas de prisión superiores a cinco años.

Una vez que la responsabilidad subsidiaria se cumple, deja de existir la obligación de pagar la multa, sin importar la situación económica del condenado.

Si la multa impuesta a una persona jurídica pone en riesgo su supervivencia o el mantenimiento de sus puestos de trabajo, o si lo considera el interés general, el pago de la multa puede fraccionarse durante un máximo de cinco años. Si no se paga, el Tribunal puede intervenir hasta que se pague la multa completa.

Las penas de inhabilitación son adicionales en casos en que la ley lo declara, incluso si no se imponen específicamente.

Las penas de prisión igual o superior a diez años implica la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, a menos que ya estuviera prevista como pena principal. El Juez puede adicionalmente ordenar la inhabilitación especial para la patria potestad u otros derechos si estos están relacionados con el delito.