Derecho Constitucional: Jurisprudencia y Estado Democrático

El poder público tiene la obligación legal y efectiva de promover el bienestar social, de acuerdo con el artículo 9.2 de la Constitución Española.

Las acciones de la administración deben respetar los derechos sociales, como el derecho al trabajo, la educación y la salud.

La intervención del Estado en la economía debe guiarse por principios que aseguren la prosperidad y el bienestar social.

La administración pública debe actuar de forma eficiente y con resultados tangibles, según el artículo 103 de la Constitución Española.

Es un sistema de gobierno en el que el pueblo tiene la última palabra, a través del voto y la participación en las decisiones de sus representantes.

El gobierno solo puede actuar de acuerdo con las leyes escritas que se han aprobado siguiendo un proceso establecido.

Toda acción de la administración debe estar justificada por una ley previa, asegurando que el Estado cumple con el ordenamiento jurídico

Las acciones de la administración deben ser coherentes con las normas legales y deben respetar los límites establecidos por la ley.

La potestad normativa se origina directamente del ordenamiento jurídico, no de una relación jurídica específica.

La potestad normativa no es una simple facultad, sino la capacidad de generar efectos jurídicos mediante actuaciones gubernamentales.

La potestad normativa obliga a otros sujetos a acatar su ejercicio.

La Administración no puede ceder o transferir la potestad normativa a otros, aunque puede usar técnicas para modificarla.

La Administración no puede renunciar a la potestad normativa sin una base legal previa.

La potestad normativa se ejerce dentro del territorio de la Administración responsable, sobre hechos y sujetos vinculados a ese territorio.

La potestad normativa no se extingue con el paso del tiempo y no puede ser modificada por su titular.

El ejercicio de la potestad normativa debe estar siempre orientado al interés público y su cumplimiento es obligatorio para la Administración.

El estado liberal, a pesar de su nombre, es un estado que interviene para mantener el orden social. Se enfoca en la racionalización del poder y en la aplicación de la ley, pero deja a los ciudadanos la libertad de acción dentro de esos límites.

El estado liberal busca garantizar la seguridad y el orden, dejando el campo libre para que la sociedad se desarrolle dentro de un marco legal. Se pretende crear un equilibrio entre el control estatal y la libertad individual.

Este tipo de estado se caracteriza por la separación entre la sociedad y el estado. La sociedad se encarga de sus propios asuntos, mientras que el estado se enfoca en la aplicación de las leyes y la seguridad pública.

El estado social surgió como una evolución del estado liberal, reconociendo las necesidades de la sociedad que el estado liberal no podía cubrir. Se añadió una perspectiva social, preocupándose por el bienestar de los ciudadanos y la reducción de la desigualdad.

El estado social, a diferencia del liberal, se preocupa por la justicia social. Se enfoca en brindar servicios básicos a la población para que todos puedan aprovechar sus derechos. Esto requiere una mayor intervención del estado en la vida de los ciudadanos

La intervención del estado social implica que el estado se convierte en un proveedor activo de servicios como la salud, educación y seguridad social. Esto transforma al estado en una entidad activa que busca satisfacer las necesidades básicas de la sociedad.

En este modelo, el estado tiene la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios básicos. Sin embargo, este modelo presenta desafios como el costo de las prestaciones y la posibilidad de una burocracia excesiva.

El estado social se enfrenta a una crisis ya que es difícil para el estado satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más compleja. La creciente demanda por parte de la población exige del estado una mayor intervención, lo que puede llevar a limitaciones en la capacidad del estado para responder a todas las necesidades.

Actos legislativos que obligan a los estados miembros a alcanzar un resultado específico, pero les permite elegir la forma y los medios para lograrlo.

Actos legislativos con alcance general, obligatorios en todos sus elementos para estados miembros y ciudadanos.

Actos legislativos con un destinatario específico, obligatorios en todos sus elementos.

Actos legislativos no vinculantes, que ofrecen recomendaciones o orientaciones sobre la interpretación del derecho europeo.

Actos legislativos no vinculantes, que proporcionan análisis e informes sobre la interpretación del derecho europeo.

Principios que orientan el ordenamiento jurídico, informan la elaboración y aplicación de normas.

Norma por excelencia en el Derecho derivado, es decir, el derecho que emana de las instituciones europeas.

Función doble: informar el ordenamiento jurídico y servir como base para la resolución de casos específicos.

En el ámbito jurídico español, la jurisprudencia no es una fuente de derecho como la ley, sino una fuente complementaria del ordenamiento jurídico. Esto significa que los jueces no crean nuevas leyes, pero sí interpretan y aplican las existentes.

Se refiere a las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Estas sentencias establecen cómo se deben interpretar y aplicar las leyes en casos concretos, creando una doctrina jurisprudencial.

La función principal de los tribunales es controlar que las actuaciones realizadas por las autoridades y los individuos se ajusten a la ley. No crean normas, sino que las interpretan y aplican para resolver conflictos.

El reglamento es una norma jurídica de rango inferior a la ley, aprobada por el Gobierno o la administración pública. Su objetivo es regular situaciones de futuro con vigencia indefinida, de manera general y abstracta.

Para que un reglamento sea efectivo, debe ser publicado y accesible al público, asegurando que la información sea clara y transparente.

Los tribunales del orden contencioso-administrativo son responsables de controlar la legalidad de los reglamentos. Si consideran que un reglamento es ilegal, pueden anularlo o inaplicarlo.

El reglamento es una norma característica del Derecho Administrativo, regulando principalmente asuntos relativos a la actividad administrativa. Su elaboración, límites y validez se establecen por las leyes administrativas.

La creación de reglamentos es un proceso que se basa en leyes administrativas y se regula a través de normas constitucionales. Su elaboración, eficacia y validez dependen de un marco legal específico.

Los recursos económicos y los bienes que una organización posee, como dinero, edificios o equipamiento.

Las personas que dirigen y trabajan en una organización, incluyendo a las autoridades y los empleados.

Las normas y reglas que definen la estructura de una organización y cómo funciona.

Los objetivos que una organización busca alcanzar, por ejemplo, la mejora de la calidad de vida o el acceso a la educación.

El proceso de ordenar y organizar los recursos humanos, materiales y financieros para que una organización funcione de manera eficiente.

Las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las administraciones públicas.

El poder de las administraciones públicas para crear, modificar o suprimir sus propias estructuras.

Las reglas que determinan cómo los órganos de una administración pública toman decisiones y cómo se ejecutan.