Tema 1

Acciones temporales tomadas en procedimientos administrativos.

Finalizan cuando la resolución administrativa decide el procedimiento, o si éste finaliza por otra razón, caduca o excede un plazo máximo.

Derechos de los interesados a presentar argumentos y documentos durante el procedimiento administrativo.

Alegaciones específicas sobre errores en la tramitación del procedimiento administrativo.

Actos para demostrar la veracidad de hechos relevantes para la decisión.

Elementos importantes para decidir un procedimiento administrativo.

Hechos notorios, no controvertidos o probados en sentencias firmes.

Derecho de los interesados a presentar alegaciones y documentos en cualquier momento hasta la audiencia.

En procedimientos sancionatorios, la administración debe probar los hechos de la infracción.

Declaraciones de juicio emitidas por órganos administrativos para fundamentar decisiones.

Informes obligatorios vs. opcionales en procedimientos administrativos.

Informes que sí o no condicionan la decisión final en procedimientos administrativos.

Los informes deben ser emitidos dentro de 10 días, o un plazo mayor o menor establecido.

Si el plazo es superado, el procedimiento puede continuar sin el informe.

Los informes no se pueden impugnar directamente, sino a través del recurso contra la resolución final.

Trámite esencial para garantizar que los interesados tengan oportunidad de ser escuchados.

Los métodos admisibles en derecho para probar hechos en un procedimiento administrativo, como el interrogatorio, testimonio, prueba pericial o inspección ocular.

Se realiza según los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para determinar el valor probatorio de cada medio de prueba.

La Administración puede ordenar pruebas de oficio o a petición del interesado, quien puede proponerlas.

El instructor solo puede rechazar pruebas improcedentes o innecesarias, justificando la decisión.

El instructor debe notificar al interesado la fecha, hora y lugar de la prueba, permitiéndole apoyo de un perito.

Se establece un plazo de entre diez y treinta días para realizar las pruebas consideradas pertinentes.

El interesado puede presentar documentos en cualquier momento durante el procedimiento.

Generalmente, la parte que afirma un hecho debe probarlo, no quien lo niega.

El derechohabiente sucede al legitimado original en cualquier estado del procedimiento, es decir, puede continuar el caso en lugar del original.

Permite que cualquier persona, sin ser directamente afectada, pueda participar en un procedimiento administrativo en sectores específicos como el urbanismo, patrimonio histórico o costas.

Una persona física capaz puede actuar en nombre de otra persona en un procedimiento administrativo.

Es necesario demostrar la autorización para actuar en nombre de otra persona en un procedimiento.

Se presume que la representación existe en actuaciones de mero trámite, no en las que requieren manifestación expresa de voluntad.

Si la Administración duda de la representación, otorga 10 días al interesado para demostrarla.

Si no se demuestra la representación se entiende que no hay autorización y el procedimiento se continúa con el interesado o se archiva.

Todas las comunicaciones en el procedimiento se dirigen al representante, no al interesado.

El procedimiento administrativo se inicia de oficio por decisión del órgano competente, ya sea por su propia iniciativa, orden superior, petición de otro órgano o denuncia.

La Administración puede abrir un período de información previa para conocer mejor las circunstancias del caso concreto antes de iniciar el procedimiento.

El procedimiento se inicia por solicitud del interesado, incluyendo su nombre, identificación, hechos, petición, lugar, fecha y firma.

Algunos procedimientos solo pueden iniciarse de oficio, por ejemplo, el procedimiento sancionador. Otros solo por solicitud, como la obtención de una licencia de obras. También existen procedimientos que pueden iniciarse de ambas formas.

Nombre y apellidos del interesado, medio electrónico o lugar físico para notificaciones, hechos, razones, petición, lugar, fecha y firma del solicitante.

El Art. 58 LPAC establece que la decisión de iniciar de oficio corresponde al órgano competente.

Se buscan más detalles sobre el caso para determinar la conveniencia de iniciar el procedimiento.

Puede iniciarse por iniciativa del órgano, por orden jerárquica, por petición de otro órgano o por denuncia.

El procedimiento administrativo puede finalizar de diversas maneras, como la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho, la declaración de caducidad o la imposibilidad material de continuarlo.

Es la forma normal de terminación del procedimiento administrativo, la cual contiene la decisión final y, en muchos casos, la motivación de la decisión.

La resolución no puede empeorar la situación inicial del solicitante, es decir, no puede perjudicarlo más de lo que estaba antes.

La administración puede rechazar una solicitud si no se cumplen los requisitos necesarios o si se solicita un derecho no previsto en la ley.

Si el órgano competente no tiene suficientes datos para decidir, puede pedir información adicional al interesado y prolongar el procedimiento por un máximo de 15 días.

Se refiere a la situación en la que la administración no responde a una solicitud dentro del plazo establecido. En algunos casos, el silencio puede interpretarse como una decisión tácita.

Es la finalización del procedimiento mediante un acuerdo entre la administración y el interesado, donde ambas partes acuerdan una solución.

En muchos casos, la resolución debe incluir las razones que llevaron a la decisión final, es decir, por qué se llegó a esa conclusión.

Se entiende que la solicitud ha sido aprobada cuando transcurre el plazo sin que la Administración emita una resolución expresa.

Se entiende que la solicitud ha sido desestimada cuando transcurre el plazo sin que la Administración emita una resolución expresa.

Existen casos en los que el silencio administrativo es negativo, por ejemplo, en procedimientos que afectan el derecho fundamental de petición o que podrían causar daño al medio ambiente.

Un procedimiento administrativo iniciado por la Administración sin solicitud previa del interesado.

Si la Administración no resuelve un procedimiento de oficio dentro del plazo establecido, puede producir efectos distintos según el tipo de procedimiento: silencio administrativo negativo, caducidad o simplemente un retraso en la resolución.

El vencimiento del plazo sin resolución expresa en procedimientos sancionadores implica la caducidad del procedimiento, lo que significa que la Administración no puede continuar con la sanción.

Después de que un procedimiento de oficio caduque, la Administración puede iniciar un nuevo procedimiento con el mismo objetivo.

La administración declara la caducidad de un procedimiento si el interesado no realiza la actuación requerida dentro de los 3 meses de notificación. La caducidad solo afecta al procedimiento, no a los derechos del interesado.

La administración puede evitar la declaración de caducidad si la actuación del procedimiento afecta al interés general o es conveniente resolverla.

El silencio administrativo se produce cuando la administración no resuelve un procedimiento dentro del plazo establecido. Puede ser positivo (se considera que se aprueba la solicitud) o negativo (se considera que se deniega).

La administración debe resolver los procedimientos en un plazo máximo establecido (normalmente 6 meses) por la norma sectorial.

El plazo máximo de duración del procedimiento se suspende en algunos supuestos, como cuando se esperan informes o se solicita información adicional.

La administración puede ampliar excepcionalmente el plazo máximo de duración del procedimiento, si existen causas justificadas.

Si el plazo máximo vence sin resolución expresa, la administración aún tiene el deber de resolver el procedimiento, pero se produce el silencio administrativo.

La Administración Pública debe actuar con objetividad, es decir, sin favoritismos ni intereses particulares, buscando el bien común.

Mecanismos para evitar que una autoridad o empleado administrativo que tenga un conflicto de intereses participe en un procedimiento.

Son causas que obligan a una autoridad o empleado a no participar en un procedimiento, como tener un interés personal en el asunto.

Los procedimientos administrativos son principalmente escritos. Actualmente, se utilizan medios electrónicos para agilizarlos, pero el carácter escrito sigue siendo fundamental.

Si un empleado que debería abstenerse no lo hace, su superior puede imponerle la abstención, o se puede formular una recusación por cualquier interesado.

La participación de un empleado que debía abstenerse no siempre invalida el acto. Se debe analizar si su intervención fue determinante.

Si un empleado no se abstiene cuando debería, puede ser responsable, incluso si la decisión final no se ve afectada por su intervención.

Este principio garantiza la confianza en la Administración Pública y la protección de los ciudadanos ante posibles actuaciones arbitrarias.

Días de la semana que cuentan para un plazo, excluyendo sábados, domingos y festivos.

Un plazo que incluye sábados, domingos y festivos. Se utiliza cuando una norma legal lo establece explícitamente.

Cuando un día es hábil en el lugar de residencia del interesado pero inhábil en la sede administrativa (o viceversa), se considera inhábil en todos los casos.

Se computan de fecha a fecha. Un plazo de un mes que comienza el 6 de marzo termina el 5 de abril, no el 6 de abril.

Solo se consideran las horas hábiles. No pueden superar las 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días.

El día siguiente a la notificación o publicación del acto que genera el plazo, para los administrados.

Depende de la situación. Puede ser el día de producción de un acto previo o el día en que el administrado presentó un escrito.

El día inicial del plazo para la Administración es el día en que la solicitud del administrado tiene entrada en el registro electrónico.

Derecho de los interesados a presentar argumentos y documentos durante el procedimiento administrativo.

Alegaciones específicas que protestan por errores en la tramitación del procedimiento.

Actos para demostrar la veracidad de los hechos relevantes para la decisión.

Se deben probar los hechos relevantes para la decisión del procedimiento, aquellos que influyen en el resultado.

Es la forma normal de terminar un procedimiento administrativo. Contiene la decisión final y en muchos casos, las razones de la decisión.

Cuando el interesado abandona su petición antes de que la Administración tome una decisión.

Cuando el interesado renuncia a un derecho que le permita participar en un procedimiento.

Sustituyen a la resolución unilateral. La Administración y el interesado llegan a un acuerdo para poner fin al procedimiento.

Preparan la resolución unilateral. Hay dos tipos: Vinculantes (se incluyen obligatoriamente en la resolución) y No Vinculantes (la Administración puede modificarlos).

Cuando el procedimiento termina sin solución por no cumplir con los plazos y obligaciones legalmente establecidos.

Un procedimiento administrativo se puede iniciar de dos maneras: de oficio por decisión de un órgano administrativo o por solicitud de una persona interesada.

La solicitud debe contener el nombre del interesado, la identificación del medio de notificación, los hechos y razones de la solicitud, la petición, el lugar y la fecha, y la firma.

Cuando el interesado decide finalizar un procedimiento que ha iniciado, pero sin renunciar al derecho o interés que busca obtener. Puede volver a presentar la misma solicitud más adelante.

Cuando el interesado renuncia al derecho o interés que planteó en el procedimiento, lo que lleva a su finalización al desaparecer su objeto.

El procedimiento termina por falta de resolución de la Administración en un plazo determinado, solo en procedimientos iniciados de oficio (por la propia Administración).

El procedimiento termina porque el interesado no realiza una acción necesaria para que la Administración pueda tomar una decisión, solo en procedimientos iniciados por solicitud del interesado.

El procedimiento administrativo termina cuando la Administración y el interesado llegan a un acuerdo mutuamente satisfactorio.

La Administración puede evitar la caducidad del procedimiento si la actuación del procedimiento afecta al interés general o si es conveniente resolverla.