Delitos contra la integridad moral y trata de seres humanos

Delitos contra la integridad moral

• Se imponen las penas establecidas en los artículos anteriores a las autoridades o funcionarios que permitan otros delitos, si no cumplen con el deber de su cargo.

Trata de seres humanos

• Castiga con prisión de 5 a 8 años a quien comete trata de personas en territorio español, desde España o con destino a España, mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad o necesidad o vulnerabilidad, o mediante el pago o beneficio para obtener el consentimiento de alguien que tiene el control sobre la víctima.
• La trata de seres humanos incluye la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, con fines de:
  • Trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o mendicidad.
  • Explotación sexual, incluyendo la pornografía.
  • Explotación para realizar actividades delictivas.
  • Extracción de órganos corporales.
  • Matrimonios forzados.
• La trata de seres humanos se considera incluso si no se recurre a los medios mencionados, siempre que se realice con menores de edad para fines de explotación.
• El consentimiento de la víctima de trata de seres humanos no es válido si se han utilizado los medios mencionados en el apartado primero.
• Las penas se incrementan si se ha puesto en peligro la vida o integridad física o psíquica de la víctima, o si la víctima es especialmente vulnerable (enfermedad, estado gestacional, discapacidad, menor de edad).
• Las penas se incrementan aún más si el culpable se aprovecha de su condición de autoridad, agente o funcionario público.
• Las penas se incrementan si el culpable pertenece a una organización o asociación de más de dos personas que se dedica a la realización de estos delitos.
• Se impondrá una multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido a las personas jurídicas responsables de los delitos comprendidos en este artículo.

Delitos contra la seguridad nuclear o radiactiva

• Se sanciona con prisión de cuatro a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años al que perturbe el funcionamiento de una instalación nuclear o radiactiva, o altere el desarrollo de actividades que intervengan materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes, creando una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas.

Delitos contra el medio ambiente

• Se sanciona con prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años a quien, mediante el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes, o la exposición por cualquier otro medio a dichas radiaciones ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas.
• La misma pena se impondrá a quien realice una acción que ponga en peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas.

Delitos relacionados con explosivos

• Se castiga con prisión de seis meses a un año, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años a los responsables de fábricas, talleres, medios de transporte, depósitos y demás establecimientos relacionados con explosivos, que incurran en alguna de las siguientes conductas:
  • Obstaculizar la actividad inspectora de la Administración en materia de seguridad de explosivos.
  • Falsear u ocultar a la Administración información relevante sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias relativas a explosivos.
  • Desobedecer las órdenes expresas de la Administración encaminadas a subsanar las anomalías graves detectadas en materia de seguridad de explosivos.

Delitos relacionados con organismos

• Se castiga con prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para el empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres a seis años a quienes en la manipulación, transporte o tenencia de organismos contravinieren las normas o medidas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, o el medio ambiente.

Delitos relacionados con la apertura de pozos o excavaciones, la construcción o demolición de edificios, presas, canalizaciones u obras análogas

• Se castiga con las penas previstas en el artículo anterior a quienes en la apertura de pozos o excavaciones, en la construcción o demolición de edificios, presas, canalizaciones u obras análogas o, en su conservación, acondicionamiento o mantenimiento infrinjan las normas de seguridad establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar resultados catastróficos, y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las personas o el medio ambiente.

Delitos contra la administración pública

• Se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años al funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario.

Delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad

• Se castiga con multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales:

  • Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador.
  • Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento.

• Se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años y multa de doce a veinticuatro meses a la autoridad o funcionario público que no devuelva los papeles, documentos y efectos registrados inmediatamente después del registro, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación.

• Se castiga con las penas previstas para la vejación injusta o daño innecesario en bienes, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años a la autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes.

• Se castiga con inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años a la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales.

• Se castiga con inhabilitación especial, en su mitad superior, y, además, la de multa de seis a dieciocho meses a la autoridad o funcionario público que divulgue o revele la información obtenida a través de la interceptación de correspondencia privada, postal, o telegráfica.

Este cuestionario explora los delitos contra la integridad moral y la trata de seres humanos según la legislación española. Se examinan las penas y tipos de explotación implicados en la trata de personas, así como las obligaciones de las autoridades para prevenir estos delitos. A través de preguntas clave, se busca concienciar sobre la gravedad y la complejidad de estos crímenes.