Delitos contra la autoridad

Study Notes

Atentados contra la autoridad y funcionarios públicos

Se consideran reos de atentado quienes agredan, intimiden gravemente o opongan resistencia a la autoridad, agentes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones.
Los atentados contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de su cargo son categorizados como actos de atentado.
Las penas para atentados son de uno a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses si son cometidos contra la autoridad, y de seis meses a tres años en otros casos.

Penas superiores por circunstancias agravantes

Si el atentado es contra miembros del Gobierno, Consejos de Gobierno, Congreso, Senado, Asambleas Legislativas, Corporaciones locales, Consejo General del Poder Judicial, jueces, magistrados o miembros del Ministerio Fiscal, las penas aumentan a uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses.
Se imponen penas superiores si el atentado se comete usando armas, objetos peligrosos, vehículos, o durante un motín en un centro penitenciario.

Conspiración y proposición

La provocación, conspiración o proposición para cometer los delitos mencionados se castiga con penas inferiores uno o dos grados a la del delito correspondiente.

Protección de Fuerzas Armadas y personal de seguridad

Los atentados contra miembros de las Fuerzas Armadas en servicio legalmente encomendado, o quienes ayuden a la autoridad, serán castigados igual que los previstos en artículos anteriores.
Se imponen las mismas penas a quienes agredan a miembros del personal sanitario o de seguridad privada que intervengan en situaciones de emergencia.

Resistencia y desobediencia a la autoridad

Resistir o desobedecer gravemente a la autoridad o sus agentes, sin estar comprendido en el artículo 550, puede resultar en penas de tres meses a un año de prisión o multa de seis a dieciocho meses.
Faltar al respeto a la autoridad en el ejercicio de sus funciones puede acarrear multas de uno a tres meses.

Desórdenes públicos

Actuar en grupo para atentar contra la paz pública con violencia sobre personas o cosas, obstaculizando vías públicas, o invadiendo instalaciones se penará con seis meses a tres años de prisión.
Si el acto de desorden público se lleva a cabo por una multitud organizada que afecte el orden público, las penas aumentan a tres a cinco años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Description

Este cuestionario aborda los conceptos de atentados contra la autoridad y los funcionarios públicos, incluyendo las penas correspondientes. También se examinan las circunstancias agravantes que pueden aumentar las penas en determinados casos. Prepárate para evaluar tus conocimientos sobre este tema crítico del derecho penal.