¿Cuánto sabes sobre la Constitución Española y la organización territorial del E...

Resumen de la Constitución Española de 1978

España es un Estado social y democrático de Derecho, con valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La soberanía nacional reside en el pueblo español y la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.
La Constitución se fundamenta en la unidad de la Nación española y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
El castellano es la lengua oficial del Estado y las demás lenguas españolas son oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas.
La bandera de España está formada por tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, y los Estatutos pueden reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas.
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Los partidos políticos y los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales son instrumentos fundamentales para la participación política y su creación y ejercicio de actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley.
Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos y acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
La Constitución garantiza los derechos y libertades fundamentales y su tutela se realizará de acuerdo con lo previsto en la ley, en los Tribunales ordinarios y en el Tribunal Constitucional. Además, se garantiza la autonomía de los municipios y el equilibrio económico y justo entre las distintas partes del territorio español.Resumen del Título VIII de la Constitución Española sobre la organización territorial del Estado
El Título VIII de la Constitución Española establece la organización territorial del Estado.
España se define como un Estado social y democrático de derecho, que se compone de Comunidades Autónomas y de municipios.
Las Comunidades Autónomas tienen derecho a la autonomía y pueden constituirse en base a características históricas, culturales y económicas comunes.
La iniciativa del proceso autonómico corresponde a las Diputaciones o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
Las Cortes Generales pueden autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
Los Estatutos de autonomía son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y deben contener la delimitación de su territorio, la organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución.
Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en materias como la organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio, vivienda, obras públicas, agricultura, ganadería, pesca, turismo, cultura, deporte, sanidad, asistencia social, entre otras.
El Estado tiene competencia exclusiva sobre materias como la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles, la defensa y Fuerzas Armadas, la administración de Justicia, la legislación mercantil, penal y penitenciaria, entre otras.
Los Estatutos de autonomía pueden ser reformados mediante un procedimiento establecido en los mismos y requerirán la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
Las Comunidades Autónomas pueden celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales.
Las Comunidades Autónomas tendrán su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributosResumen de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en España según la Constitución
La Constitución española establece las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas.
El Estado tiene competencias exclusivas en materia de defensa, relaciones internacionales, justicia, seguridad pública, normas básicas de educación, estadística, entre otros.
Las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de educación, cultura, sanidad, medio ambiente, turismo, entre otros.
El Estado puede transferir o delegar competencias en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica.
Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución pueden corresponder a las Comunidades Autónomas.
El proceso para la elaboración de un Estatuto de Autonomía puede ser iniciado por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, así como por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas.
Una vez aprobado el Estatuto de Autonomía, sólo puede ser modificado mediante los procedimientos establecidos en él y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejerce por el Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas.
Un Delegado nombrado por el Gobierno dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina con la administración propia de la Comunidad.
Si una Comunidad Autónoma no cumple sus obligaciones o actúa en contra del interés general de España, el Gobierno puede tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.
El Estado considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilita la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas.
Las sucesivas instancias procesales se agotan ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.Resumen de los artículos 155 al 158 de la Constitución Española sobre la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
El artículo 155 establece que en caso de incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de sus obligaciones constitucionales o de actuaciones que atenten gravemente al interés general, el Gobierno puede adoptar medidas necesarias para obligar al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para proteger el interés general.
Para la ejecución de estas medidas, el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
El artículo 156 otorga autonomía financiera a las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles.
Las Comunidades Autónomas pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios, según las leyes y los Estatutos.
Los recursos de las Comunidades Autónomas están constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial, rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado, y el producto de las operaciones de crédito.
Las Comunidades Autónomas no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes fuera de su territorio o que obstaculicen la libre circulación de mercancías o servicios.
Mediante ley orgánica se puede regular el ejercicio de las competencias financieras, resolver conflictos y establecer formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.
El artículo 158 permite que se establezca en los Presupuestos Generales del Estado una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de servicios y actividades estatales que hayan asumido y para garantizar un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
Se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad.
Los recursos del Fondo de Compensación se distribuirán por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
Estos artículos buscan establecer una relación equilibrada entre el Estado y las Comunidades Autónomas,