Contratos de Hospedaje y Préstamo

Cuando una persona es inducida a firmar un contrato por miedo a sufrir daño, se considera que el contrato fue firmado bajo intimidación.

Para determinar si hay intimidación, se deben considerar factores como la edad, el sexo y la condición de la persona que firma el contrato.

El miedo a desagradar a alguien a quien se debe respeto no anula un contrato.

La violencia o la intimidación anulan un contrato, incluso si la violencia es ejercida por una persona que no está directamente involucrada en el contrato.

El dolo ocurre cuando una persona es inducida a firmar un contrato mediante engaños o artimañas.

Para que el dolo anule un contrato, debe ser grave y no debe haber sido utilizado por ambas partes.

Para determinar si existe dolo, se deben considerar diversos factores como la educación, la condición social y económica, y el tipo de negocio de la persona que firmó el contrato.

Un contrato que debe ser firmado por un notario y registrado en un registro público.

Un contrato que puede ser firmado sin la intervención de un notario y no necesita registro público.

Incluye acciones como el alquiler de bienes por más de seis años si afecta a terceros.

Un acuerdo que regula los bienes y derechos de los cónyuges durante su matrimonio.

Un poder legal que otorga autoridad a una persona para llevar a cabo acciones legales.

Un documento que formaliza la transferencia de derechos o acciones derivadas de un contrato en escritura pública.

Contratos donde el valor de las prestaciones supera los $300 deben constar en documento privado.

Contratos válidamente celebrados pueden cancelarse bajo ciertas circunstancias legales.

Ejemplos de contratos rescindibles, como aquellos con errores o vicios de consentimiento.

Un contrato que da a una persona (el Optante) el derecho de decidir si quiere celebrar un contrato principal en el futuro.

El contrato de opción de compra sólo obliga a cumplir a una de las partes (el Optatario), quien debe mantener la oferta de venta abierta.

Se puede pagar por el derecho de opción o se puede otorgar gratuitamente.

Otra persona puede asumir el derecho de opción de compra.

Para ser válido frente a terceros, el contrato de opción de compra debe ser registrado en el registro de propiedad.

El Optante tiene la libertad de decidir si celebra o no el contrato principal.

La concesión del derecho de opción es exclusiva, solo el Optante puede ejercerlo.

Se establece un tiempo máximo dentro del cual el Optante debe ejercer su derecho de opción.

En el nuevo código, se limita el plazo máximo para bienes inmuebles a 5 años y para bienes muebles a 2 años.

Un acuerdo donde un vendedor se obliga a entregar un bien específico a cambio de un pago en dinero u su equivalente.

El alojamiento debe ofrecer una habitación limpia con instalaciones de higiene y servicios básicos.

El alojamiento puede aceptar dinero, joyas, documentos y otros bienes del huésped, excepto si son demasiado valiosos o voluminosos.

El alojamiento debe tomar medidas para proteger la vida, la salud y los bienes del huésped.

El alojamiento debe respetar la privacidad del huésped y mantener la discreción sobre la información obtenida durante la estadía.

El huésped debe pagar el precio acordado por la estancia.

Si al realizar la compraventa de un bien inmueble, la superficie real es ligeramente mayor (hasta un 20%) a la especificada en el contrato, el comprador tiene la obligación de pagar el precio adicional. Si el exceso supera el 20%, el comprador puede optar por pagar el precio del inmueble con la superficie real, o rescindir el contrato.

En la compraventa de inmuebles, si la superficie real es menor a la especificada en el contrato, el comprador puede reclamar la reducción del precio o la rescisión del contrato, dependiendo de la cantidad de la diferencia. Solo se puede rescindir el contrato si la diferencia en la superficie supera el 10% del precio convenido.

En la compraventa de inmuebles, si el vendedor no puede entregar la posesión legal y pacífica del bien adquirido, el comprador puede reclamar al vendedor los daños y perjuicios causados. Por ejemplo, si el bien fue confiscado por las autoridades.

El saneamiento por vicios ocultos o redhibición se refiere a la situación en la que se descubren defectos ocultos en el bien comprado después de la entrega, defectos que no eran evidentes para el comprador. En este caso, el comprador puede reclamar la reducción del precio o la devolución del bien.

El vendedor no es responsable si los defectos son evidentes o si el comprador es un experto en la materia y debería haber podido identificar los defectos. En este caso, se asume que el comprador aceptó el bien en su estado actual.

El comprador está obligado a pagar el precio acordado por el bien en el tiempo y lugar estipulados en el contrato. Si no se definieron estos detalles, el pago debe realizarse al momento de la entrega del bien.

El comprador tiene 6 meses para reclamar al vendedor por la evicción, por vicios ocultos o para exigir el saneamiento del bien. Si no lo hace dentro de este plazo, pierde su derecho a reclamar.

En un contrato de compraventa de un inmueble, si el precio se fija globalmente (precio alzado) y no por unidad de medida o número (como metros cuadrados), no se dará lugar a ajustes en el precio, aunque la superficie real del inmueble sea mayor o menor a lo establecido en el contrato.

Se refiere a la obligación del vendedor de garantizar que el comprador puede usar y disfrutar del bien adquirido sin problemas. El vendedor responde por la posesión legal y pacífica del bien, así como por los vicios ocultos que tenga.

El nuevo código civil no tiene una regla específica acerca de cómo se debe proceder cuando la superficie adquirida resulta ser mayor a la pactada en el contrato.