Constitución Española de 1978

La bandera de España está compuesta por tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja. La franja amarilla es el doble de ancha que las rojas.

Las Comunidades Autónomas pueden tener sus propias banderas y enseñas, pero siempre deben usarse junto a la bandera de España en sus edificios públicos y eventos oficiales.

Madrid es la ciudad capital del Estado español.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales representan los intereses económicos y sociales de sus miembros. Pueden funcionar libremente siempre que respeten la Constitución y la ley.

Las Fuerzas Armadas de España (Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire) son responsables de proteger la soberanía e independencia del país, defender su territorio y el ordenamiento constitucional.

Todos los ciudadanos y los poderes públicos deben seguir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

La Constitución garantiza la legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las leyes punitivas, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

La dignidad humana, los derechos inalienables que poseen las personas y el desarrollo libre de la personalidad son los pilares fundamentales del orden político y la armonía social.

Las leyes relacionadas con los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales ratificados por España.

La nacionalidad española es un derecho que se adquiere, conserva y pierde de acuerdo con la ley. Nadie puede ser privado de su nacionalidad de origen.

España puede firmar acuerdos de doble nacionalidad con países de América Latina y otros países con vínculos históricos. Los españoles pueden naturalizarse en estos países sin perder su nacionalidad de origen.

La mayoría de edad en España se alcanza a los 18 años.

Los extranjeros en España tienen las mismas libertades públicas que los españoles, según los tratados y leyes. Solo los españoles pueden votar en las elecciones municipales, excepto en casos de reciprocidad.

La extradición solo se concede en casos de delitos que no sean políticos, atendiendo al principio de reciprocidad. El terrorismo no se considera un delito político.

La ley establece las condiciones en que los extranjeros y los apátridas pueden solicitar asilo en España.

Todos los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otras circunstancias personales o sociales.

El derecho a elegir dónde vivir en España y a moverse libremente por el país.

El derecho a expresar opiniones, ideas y pensamientos sin censura previa, utilizando la palabra, la escritura o cualquier medio de reproducción.

El derecho a crear trabajos literarios, artísticos, científicos y técnicos sin interferencias.

El derecho a comunicar y recibir información veraz a través de cualquier medio.

El derecho a expresar públicamente opiniones, ideas y reivindicaciones de forma pacífica, sin necesidad de autorización previa.

El derecho a formar asociaciones para defender intereses comunes, siempre que los fines y los medios de la asociación no sean ilegales.

Este derecho garantiza la participación de grupos sociales y políticos en los medios de comunicación social dependientes del Estado.

Los límites a la libertad de expresión, reunión y asociación están relacionados con el respeto a los derechos individuales, como el honor, la intimidad y la protección infantil.

El secuestro de publicaciones o información solo se puede realizar por resolución judicial.

Las reuniones en lugares públicos deben ser comunicadas a la autoridad, que solo puede impedirlas si hay riesgo real de alteración del orden público.

El derecho de petición individual y colectiva por escrito a las autoridades. Este derecho puede ejercerse de forma individual o colectiva y está regulado por la ley.

El deber de los españoles a defender a España. La obligación militar se regula por ley, permitiendo la objeción de conciencia.

Todos deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a sus capacidades económicas, mediante un sistema tributario justo.

El derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Las leyes regulan las formas de matrimonio, las condiciones y los efectos de la unión.

El derecho a la propiedad privada y la herencia, pero con la obligación de tener una función social.

Las asociaciones deben registrarse para que se conozca su existencia, pero esto no las obliga a actuar de una manera específica.

Solo los jueces pueden disolver o suspender las actividades de una asociación, y solo con una buena razón legal.

Las asociaciones secretas o las que actúan como grupos paramilitares no están permitidas.

Los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones del gobierno, ya sea votando directamente o eligiendo representantes para que lo hagan por ellos.

Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a puestos públicos si cumplen los requisitos legales.

La ley protege a todos para que puedan defender sus derechos y defenderse ante los tribunales. Nadie puede ser dejado sin protección.

Los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo y transparente, con un abogado que los defienda, a ser informados de las acusaciones en su contra y a presentar pruebas en su defensa.

Nadie puede ser castigado por algo que no era considerado ilegal en el momento en que lo hizo.

Las penas de prisión deben ayudar a reeducar y reincorporar al condenado a la sociedad, no a castigar con trabajos forzados.

La Administración no puede quitarle la libertad a nadie, ni directa ni indirectamente, mediante sanciones.