Competencias Administrativas en España

Normas que regulan el correcto funcionamiento de las pesas y medidas para garantizar la exactitud en la medición.

Marco general para la organización y desarrollo de las actividades económicas en un país.

Administración y manejo de las finanzas públicas; incluye la gestión de la deuda nacional.

Apoyo y coordinación del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Legislación que regula la sanidad en el ámbito internacional y los productos farmacéuticos.

Normas fundamentales del sistema de seguridad social, sin interferir en las ejecuciones locales.

Normas que regulan las Administraciones Públicas y a sus empleados, garantizando un trato justo a todos.

Administración de recursos hídricos, cuando estos se extienden por varios estados (Comunidades Autónomas).

Ley general sobre protección ambiental. Permite a las Comunidades Autónomas establecer leyes adicionales.

Proyectos de obras públicas que afectan a más de una Comunidad Autónoma.

Bases legales para la extracción de recursos minerales y la generación de energía, a nivel nacional.

Normas básicas para la producción, comercio, posesión y uso de armas y explosivos.

Establece normas generales para prensa, radio, TV y otros medios.

Protección del patrimonio artístico español; museos, bibliotecas, y archivos estatales.

Regula la seguridad pública, con posibilidad para regiones autónomas de tener sus propias policías.

Establece normas para la obtención y homologación de títulos.

Criterios generales de regulación para un sector del ordenamiento jurídico nacional, comunes a todo el Estado. No son leyes de bases, sino una técnica para la regulación compartida entre Estado y CCAA.

Los objetivos, fines y orientaciones generales para todo el Estado, garantizando la unidad y la igualdad.

Los límites que los órganos de las CCAA deben respetar al ejercer sus competencias.

El marco general establecido para una materia, dejando espacio para que las CCAA desarrollen aspectos específicos.

La facultad de llevar a cabo las normas de un Estado o Comunidad Autónoma en un ámbito concreto.

La acción de crear, promulgar y aplicar las leyes. Un concepto complejo con múltiples interpretaciones.

Criterios generales que deben ser comunes para la regulación de un sector del ordenamiento jurídico o una materia jurídica.

Facultades que le pertenecen de forma exclusiva a una Comunidad Autónoma, dentro de lo establecido en la Constitución y Estatuto de Autonomía.

La capacidad de crear normas que complementan o desarrollan las leyes existentes.

El poder de aplicar las leyes en la práctica, gestionar recursos y llevar a cabo acciones concretas.

Cuando la Comunidad Autónoma solo tiene competencias ejecutivas, no puede crear nuevas reglas para desarrollar las leyes estatales. Solo puede dictar reglas internas para su propia organización.

El poder que tienen los municipios y provincias para gestionar sus propios asuntos.

Las instituciones encargadas de gobernar los municipios.

Los representantes elegidos por los vecinos para tomar decisiones en el Ayuntamiento.

Los líderes de los ayuntamientos, elegidos por los vecinos del municipio.

La Constitución garantiza que los municipios tienen personalidad jurídica completa, su gobierno y administración son responsabilidad de los Ayuntamientos, y los Concejales son elegidos por los vecinos.

Órganos municipales que estudian, informan o consultan sobre asuntos que deben ser decididos por el Pleno. También supervisan la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los Concejales delegados.

Esta Comisión existe en los municipios señalados en el Título X de la LRBRL, y en otros donde el Pleno la apruebe por mayoría absoluta.

Esta Comisión existe en todos los municipios.

Las normas del Título X son aplicables a los municipios con más de 250.000 habitantes, capitales de provincia con más de 175.000 habitantes, capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, y municipios con más de 75.000 habitantes con circunstancias especiales.

El municipio puede promover actividades y prestar servicios públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Un sistema de gobierno municipal donde la participación ciudadana tiene un papel relevante.

Este artículo establece que el municipio tiene la capacidad de promover actividades y prestar servicios públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Este artículo define el Régimen de Concejo Abierto, donde la participación ciudadana es un elemento importante en el gobierno municipal.

Leyes que permiten al gobierno nacional transferir competencias a otras entidades como las Comunidades Autónomas, pero manteniendo la posibilidad de revocarlas o suspenderlas.

El gobierno nacional posee la facultad de suspender las competencias delegadas o transferidas a otras entidades, sometiendo la decisión a las Cortes Generales para su aprobación o rechazo.

La primera vez que se utilizaron las leyes de transferencia fue para transferir competencias a las Comunidades Autónomas de Valencia y Canarias, que habían sido incluidas erróneamente en sus Estatutos de Autonomía.

La Ley Orgánica 9/1992 permitió a las Comunidades Autónomas ampliar sus competencias, modificando sus Estatutos de Autonomía para incluir estas nuevas atribuciones.

El Estado puede intervenir en áreas de competencia autonómica de forma provisional, en casos de seguridad pública, incluso sin declarar el estado de alarma, tomando acciones proporcionales y finalizándolas tan pronto como las circunstancias anómalas cesen.

Este artículo permite al gobierno nacional intervenir en una Comunidad Autónoma si incumple sus obligaciones constitucionales o actúa en contra del interés general de España, previa autorización del Senado.

El gobierno nacional puede tomar medidas para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento de sus obligaciones o para proteger el interés general de España, utilizando el artículo 155 de la Constitución.