Delitos contra la Integridad Moral

• Tema central: Torturas y otros delitos contra la integridad moral

Integridad Moral: Concepto

• El derecho a la integridad moral está explícitamente recogido en el artículo 15 de la Constitución española.
• Este artículo establece que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohibiendo la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
• El Tribunal Constitucional ha interpretado que este derecho protege la inviolabilidad de la persona, no solo contra ataques físicos o espirituales sino también contra cualquier intervención sin consentimiento.
• Se consideran tratos inhumanos o degradantes aquellos que infligen sufrimiento de especial intensidad o causan humillación y envilecimiento.
• El Tribunal Supremo define la integridad moral como un atributo de la persona, inherente a su dignidad, que le confiere la capacidad de decidir responsablemente sobre su comportamiento.
• La protección constitucional de la dignidad implica la prohibición de instrumentalizar a una persona o imponerle menoscabos ilegítimos.
• Atentar contra la integridad moral no impide que se castiguen otros delitos que concurran con la misma conducta, como lesiones o daños a la vida, integridad física, salud o libertad sexual.

Delito Contra la Integridad Moral (Art. 173.1 CP)

• El artículo 173.1 del Código Penal tipifica como delito el infligir a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral.
• La pena para este delito es de prisión de seis meses a dos años.
• Este tipo penal es abierto y abarca todas las conductas que lesionen el bien jurídico protegido, siempre que el medio empleado sea considerado "trato degradante" y el menoscabo sea grave.
• Esta figura sirve como un tipo residual para afectaciones importantes a la integridad moral que no se subsumen en otros delitos más graves, como la tortura.
• El Tribunal Supremo considera que la integridad moral está negativamente compuesta por elementos subjetivos como la humillación o vejación, donde la víctima es tratada instrumentalmente y sin dignidad, pudiendo concurrir dolor físico.
• La Sala Segunda enuncia elementos típicos: acto vejatorio claro, padecimiento físico o psíquico, y comportamiento degradante o humillante que afecte la dignidad.
• La gravedad requiere un estudio individualizado de cada caso.
• Ejemplos de conductas consideradas delito: obligar a alguien a permanecer arrodillado y a bañarse con agua fría, o forzar a alguien a comer excrementos y beber orines.
• También se incluyen casos graves de acoso escolar que conducen al suicidio.
• Ejemplos de conductas NO consideradas delito: afeitar el bigote a un anciano incontinente o dar un tirón fuerte a la mochila de un menor.
• Desde la reforma de 2022, también se sanciona con la misma pena a quienes oculten reiteradamente información sobre el paradero del cadáver de una persona a sus familiares.
• Aunque esta conducta afecta dudosamente la integridad moral de la víctima directa, la jurisprudencia ya la subsumía en el tipo básico.
• Las vejaciones leves solo son punibles si la víctima es el cónyuge, persona análoga o un familiar.
• No se requiere tal relación cuando se dirigen a la víctima expresiones o comportamientos de carácter sexual que creen una situación humillante, hostil o intimidatoria, como los "piropos callejeros" obscenos.
• Ambas conductas, si existe denuncia, se castigan con localización permanente o trabajos comunitarios, siempre que no constituyan un delito más grave, como el acoso sexual.
• Si el atentado contra la integridad moral es consecuencia de una agresión sexual, la jurisprudencia entiende que solo debe apreciarse este último delito con su agravante, aunque algunas sentencias difieren.
• No queda absorbido por el delito contra la libertad cuando se somete a una persona secuestrada a condiciones degradantes.

Acoso Laboral e Inmobiliario

• El artículo 173.1 CP incluye párrafos adicionales para combatir el acoso laboral e inmobiliario, conocidos como "mobbing".
• El objetivo es extender el delito contra la integridad moral a casos sin trato degradante, pero con reiteración de actos humillantes u hostiles.
• En acoso laboral, se castiga a quienes, en el ámbito laboral o funcionarial y prevaliéndose de su superioridad, realicen reiteradamente actos hostiles o humillantes que, sin ser trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.
• La reiteración de actos hostiles o humillantes puede ser delictiva si crea una situación de "acoso" para la víctima, definida como un hostigamiento psicológico u hostil que humilla y ofende gravemente la dignidad.
• Se requiere un trato degradante que constituya una modalidad específica de atentado contra la integridad moral, caracterizado por ser sistemático y prolongado en el tiempo, creando un clima de hostilidad y humillación por parte de quien abusa de una posición de superioridad.
• No son subsumibles los hechos episódicos, aislados y puntuales que sean reflejo de un acto de arbitrariedad amparado en el principio de jerarquía.
• El legislador castiga solo estos hechos cuando existe subordinación entre víctima y autor (bossing); el acoso entre iguales no está contemplado.
• El superior puede ser responsable por omisión si conoce el acoso y no lo impide.
• El principal problema interpretativo es delimitar el acoso auténtico de conductas socialmente adecuadas o penalmente irrelevantes.
• No basta con que surjan situaciones de "tensión" laboral.
• En el acoso inmobiliario, se impone la misma pena al que reiteradamente realice actos hostiles o humillantes que, sin llegar a trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Delito de Violencia Habitual (Art. 173.2 y 3 CP)

• La violencia de género, doméstica y familiar eran problemas socialmente ocultos.
• Un mayor conocimiento ha provocado concienciación y demanda de reacciones a los poderes públicos.
• Las estadísticas oficiales revelan la magnitud del problema.
• La respuesta jurídica ha sido gradual y dispersa, generando reformas legislativas.
• La orden de protección a la víctima (art. 544 ter y ss. LECrim) integra medidas cautelares civiles y penales.
• Se facilita el encarcelamiento preventivo del agresor y se crean Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
• Se agrava sistemáticamente las penas cuando un hecho delictivo se comete en este contexto.
• Se crean penas y medidas orientadas a la disuasión y prevención de agresiones, y se adapta su ejecución a tales necesidades.
• Se impone prisión en caso de incumplimiento de penas y medidas.
• Destaca el delito de violencia habitual del art. 173.2.1 CP.
• Castiga a quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre su cónyuge o expareja, o sobre personas ligadas a él por una relación afectiva, o sobre sus descendientes, ascendientes o hermanos, o sobre menores o personas con discapacidad que convivan con él o estén bajo su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda, o sobre personas amparadas en cualquier otra relación por la que se encuentren integradas en el núcleo de su convivencia familiar, o sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos y privados.
• La pena es de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años.
• El juez o tribunal puede, en su caso, inhabilitar especialmente para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento.
• Este delito es una respuesta específica a la violencia de género, doméstica y situaciones análogas.
• No supone la simple agravación de un comportamiento delictivo común, sino que instituye una figura legal especial para combatir esta clase de violencia.
• Se tipifica y castiga el ejercicio de violencia física o psíquica habitual contra personas del entorno de convivencia del sujeto.
• No se protege la salud, libertad o seguridad de las víctimas, sino su integridad moral.
• Se protege un concreto marco interpersonal y relacional marcado por vínculos familiares, personales y afectivos.
• Se aprecia un único delito a pesar de los diversos sujetos afectados.
• Los homicidios, asesinatos, lesiones, amenazas, injurias, agresiones sexuales, etc., que puedan cometerse en este contexto serán también castigados autónomamente y se presentarán en concurso real.
• La conducta típica consiste en la realización habitual de actos de violencia física o psíquica.
• Los primeros abarcan desde un delito de lesiones leves o maltrato hasta un asesinato.
• Los segundos son más difíciles de aprehender.
• No se restringen a lesiones psíquicas, sino que engloban vejaciones, insultos, amenazas, hostigamiento, privación de la autonomía y conductas similares que, por su gravedad intrínseca y prolongación temporal, puedan ser equiparables a la violencia física.
• No es sencillo determinar ciertos casos constitutivos de este delito.
• No integra la conducta del padre que abandona emocionalmente a su hija o la de un menor que ejerce una posición dominante respecto de su novia con insultos y trato agresivo y despectivo.
• Sí se ha considerado violencia psíquica habitual el acoso telefónico, postal y personal a la antigua pareja o un prolongado episodio de denuncias falsas contra la exesposa ante todo tipo de organismos.
• Algunos casos que no alcancen umbral de tipicidad podría subsumirse en el delito de stalking.
• Se plantea la responsabilidad de quien, sin ejercer actos de violencia, no impide que estos se produzcan.
• No parecen existir obstáculos para considerar coautoría o participación en comisión por omisión.
• Sin embargo, el maltrato a título de autoría no puede únicamente sustentarse en comportamientos omisivos.
• La jurisprudencia continúa castigando por participación en comisión por omisión al garante que no impide el maltrato habitual activo de un tercero.
• Lo decisivo no es el número de agresiones probadas individualmente consideradas, sino la existencia de un estado o clima de violencia permanente.
• La generación de brotes agudos de violencia actúa como indicio de la conducta típicamente del art. 173.2 CP.
• Para apreciar habitualidad «se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores».
• Tales actos de violencia previamente enjuiciados pueden ser tenidos en cuenta a los efectos del delito de violencia habitual, aunque, en tanto que agresiones singulares, hayan sido ya objeto de condena, hayan prescrito o incluso, aunque sobre ellos haya recaído sentencia absolutoria, siempre que de tales decisiones se desprenda la existencia de actos de sojuzgamiento o humillación.
• Este delito exige una especial relación entre sujeto activo y víctima. Concretamente se protege a: toda persona que conviva estrechamente con el agresor e incluso extraños. También a quienes sean o hayan sido cónyuges, familia sea después de la separación y otras relaciones sentimentales estables.
• La jurisprudencia entiende que son aptas para la aplicación de los diversos delitos de violencia de género relaciones sentimentales bastante breves, si son estables o con vocación de permanencia. En relaciones inestables o que duran solo meses no es de fácil aplicación.
• Personas especialmente vulnerables sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
• Se podrá imponer la medida de libertad vigilada.
• La pena se verá agravada si los hechos se comenten en presencia de menores , utilizando armas o quebrantando una pena o medida cautelar.
• Las humillaciones e insultos leves, conductas que generalmente no son delictivas lo serán hacia los que aquí se protegen

Delito de Tortura (Arts. 174-177 CP)

• La prohibición de la tortura está expresamente proclamada en la Constitución (art. 15).
• Entre estos destaca en la Convención contra la Tortura de 1984
• El Derecho español vigente define este delito en los siguientes términos (art. 174.1 CP):
• <<Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral».
• Sujeto activo del delito solo puede serlo autoridades o funcionario público.
• La gran mayoría de procedimientos penales incoados por posibles torturas se dirigen contra agentes de policía o bien contra funcionarios penitenciarios
• Este último caso se contempla específicamente en el art. 174.2
• El delito exige que el sujeto actúe «abusando de su cargo»,
• La conducta típica consiste en atentar por cualquier medio contra la integridad moral de otra persona, citando específicamente el legislador algunos comportamientos que pueden revestir tal capacidad atentatoria, como ocasionar a la víctima sufrimientos físicos o mentales y disminuir sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión.
• Los golpes aislados que puedan propinarse a una persona en el curso de una actuación policial no integran sin más el delito de tortura
• La interpretación la avala la convención contra la tortura, así como el art que obliga a la victima a «condiciones o procedimientos»
• Cuando falta este requisito, la calificación de los hechos será la de lesiones agravadas por el carácter público del responsable
• Asimismo(elemento subjetivo del tipo):
• Con la voluntad de obtener de la víctima una determinada confesión o información
• Con el objetivo de castigar a la víctima por un hecho de la que haya cometido o se sospeche
• Por razones «basadas en algún tipo de discriminación»
• En su art. 176, el Código Penal considera merecedor de las penas previstas para este delito a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo y sin infligir directamente los tratos degradantes a la víctima, permita que sean otras personas quienes lo hagan.
• La aplicación de este tipo exige una «relación de superioridad» entre quien tolera las torturas y quienes las ejecutan,
• En la STS 205/2015 se subraya que basta con dejar hacer, sin que sea necesario que el superior apruebe la conducta del subordinado.
• La pena prevista: prisión de dos a seis años en los casos en que el atentado a la integridad moral sea grave y de uno a tres años si no lo es. Además, debe imponerse la pena de inhabilitación absoluta.
• El artículo 174 diferencia entre tortura grave cuando el atentado a su integridad fuera igualmente grave o tortura no grave en otro caso, lo que determina una distinta duración de la pena de prisión a imponer

La integridad moral, protegida por el artículo 15 de la Constitución Española, abarca la inviolabilidad personal contra torturas y tratos degradantes. Incluye la capacidad de decidir responsablemente sobre el comportamiento, protegiendo la dignidad inherente a la persona. Se prohíbe la instrumentalización.