Administración Pública y Derecho Administrativo

La Administración y el Derecho Administrativo

• La Administración Pública es parte del aparato organizativo del Estado, ubicada en el Poder Ejecutivo.
• Su función es satisfacer las necesidades de la comunidad.
• Actúa con objetividad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, sujeta a la Constitución, la Ley y el Derecho.
• El concepto de Administración Pública puede ser formal, como entidad que administra, u material, como actividad administrativa.
• Las concepciones de la Administración son:
• Subjetiva: es un complejo orgánico dentro del poder ejecutivo, sometido al Derecho Administrativo.
• Objetiva: cualquier actuación materialmente administrativa de los poderes públicos, sujeta al Derecho Administrativo.
• El derecho administrativo es la parte del derecho aplicable a la Administración.
• Se aplica a particulares y la Administración está sujeta a todas las normas jurídicas.
• Regula la organización, funcionamiento de la Administración Pública y sus relaciones con los administrados.
• El derecho administrativo:
• Permite poder reglamentario.
• Permite poder de autotutela.
• Permite poder sancionador directo.
• Incluye la la desproporción de los plazos para el ejercicio de las garantías de los derechos.
• Incluye garantías preferentes del Estado para el cobro de sus créditos.
• Incluye privilegios de inembargabilidad e inejecutoriedad de los bienes de la Administración.

Las Fuentes del Derecho Administrativo

• Las fuentes se definen como fuerza social normativa (material) o modos de nacimiento del derecho (formal).
• Según el Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
• La jurisprudencia complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada del Tribunal Supremo.
• El derecho administrativo tiene el mismo sistema de fuentes que el derecho civil.
• La costumbre tiene una escasa relevancia en el derecho administrativo.
• Las fuentes del derecho positivo se clasifican en directas (norma jurídica) e indirectas (ayudan a la producción y comprensión de la regla jurídica).
• Las fuentes directas del derecho Administrativo son:
• La Constitución.
• Las leyes.
• Las normas del Gobierno con fuerza de ley (Decreto-Ley y Real Decreto Legislativo).
• Los Reglamentos del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales.
• La costumbre.
• Los precedentes y prácticas administrativas.
• Los principios generales del derecho.
• Las fuentes indirectas del derecho Administrativo son:
• La doctrina científica.
• Los tratados internacionales.
• La jurisprudencia contencioso-administrativa establecida por el Tribunal Supremo.
• La jurisprudencia menor de algunos órganos administrativos como el Tribunal Económico Administrativo Central y el Tribunal Especial de Recursos Contractuales es relevante.
• El Tribunal Constitucional actúa como legislador negativo al declarar la inconstitucionalidad de una ley.
• El precedente administrativo puede tener fuerza vinculante si existe identidad subjetiva y objetiva sustancial entre los casos, salvo si el precedente es ilegal o existe un interés público que aconseje otro criterio.

La Ley

• La ley es una norma jurídica del poder legislativo del Estado, obligatoria y promulgada.
• La Constitución es la norma primaria del poder constituyente, que organiza el Estado y los derechos y libertades.
• Las leyes orgánicas se refieren a materias de especial relevancia constitucional y requieren un quórum reforzado en el Congreso de los Diputados.
• Incluyen el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y otras leyes previstas en la Constitución.
• Las leyes ordinarias se dividen en leyes de pleno y de comisión, sin jerarquía normativa entre ellas.
• Conservan el rango de ley las normas anteriores a la Constitución que fueron aprobadas con ese rango.
• Las leyes marco permiten a las Cortes Generales atribuir a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal.
• Las leyes de transferencia o delegación permiten al Estado transferir o delegar facultades estatales a las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica.
• Las leyes de armonización permiten al Estado dictar leyes para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas en materias de su competencia si lo exige el interés general.
• Las leyes autonómicas son dictadas por las Comunidades Autónomas para regular materias dentro de sus competencias.
• Las disposiciones normativas con fuerza de ley son los Decretos-Ley y Decretos Legislativos.

Disposiciones del Gobierno Con Rango de Ley

• Las disposiciones del gobierno con rango de ley son los Reales Decretos-Ley y Reales Decretos Legislativos.
• Los Decretos-leyes son disposiciones legislativas provisionales del Gobierno en casos de extraordinaria y urgente necesidad.
• No pueden afectar a las instituciones básicas del Estado, derechos, deberes y libertades del Título I de la Constitución, régimen autonómico ni derecho electoral general.
• Los Decretos-leyes deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso de los Diputados en un plazo de treinta días para su convalidación o derogación.
• La ratificación del Decreto-Ley no lo convierte en una ley verdadera, pues se realiza por una sola Cámara.
• Si el procedimiento es negativo, el Decreto-Ley queda derogado, aunque la doctrina discrepa sobre los efectos de dicha derogación (ex nunc o ex tunc).
• Los Decretos Legislativos son disposiciones con rango de ley dictadas por el Gobierno por delegación expresa de las Cortes Generales, sobre materias determinadas que no requieran ley orgánica.
• La delegación legislativa debe otorgarse mediante una ley de bases para textos articulados o una ley ordinaria para refundir textos legales.
• La delegación debe ser expresa, para materia concreta y con plazo determinado.
• Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa, sin autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar normas retroactivas.
• La Jurisdicción Contencioso-Administrativa controlará los Decretos Legislativos, pero no los Decretos-Leyes, si se exceden de la delegación.

El Reglamento

• El reglamento es una disposición administrativa de carácter general y rango inferior a la ley.
• Es una regulación jurídica dictada por la Administración, respetada por sus destinatarios e integrada en el ordenamiento jurídico.
• Diferencias entre reglamento y acto administrativo:
• El reglamento se refuerza con su aplicación, mientras que el acto administrativo se agota en una sola aplicación.
• Diferente procedimiento de aplicación.
• Publicación en boletines oficiales (reglamentos) vs notificaciones (actos administrativos).
• Periodo de vacatio legis (reglamentos) vs eficacia inmediata (actos administrativos).
• Libre derogabilidad (reglamentos) vs condicionantes formales y materiales para anular actos administrativos declarativos de derechos.
• Sanción de nulidad de pleno derecho (reglamentos ilegales) vs anulabilidad de los actos.
• Recurribilidad judicial directa (reglamentos) vs previo recurso administrativo (actos administrativos).
• El procedimiento de elaboración de los reglamentos se regula en la Ley 50/1997 del Gobierno y en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
• Incluye novedades para incrementar la participación ciudadana, como la necesidad de recabar opinión de ciudadanos y empresas.
• El procedimiento consiste en:
• Elaboración de informes previos.
• Consulta ciudadana.
• Elaboración de informes sobre el impacto normativo.
• Dictamen del Consejo de Estado.
• Elevación a Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
• Remisión al Consejo de Ministros.
• La clasificación del reglamento:
• Por la forma: Reales Decretos (dictados por el Presidente o Consejo de Ministros) y Órdenes Ministeriales (dictadas por cada Ministro).
• Por el órgano del que emanan: estatales, autonómicos, locales e institucionales.
• Por su relación con la ley: ejecutivos (desarrollan una norma legal), independientes (regulan cuestiones organizativas y relaciones especiales de sujeción) y de necesidad (dictados por un estado extraordinario).

La Potestad Reglamentaria

• La potestad reglamentaria es la facultad de la Administración para dictar reglamentos.
• Se justifica por la necesidad de completar las tareas del legislador con normas complementarias o de desarrollo.
• Razones para justificar la potestad reglamentaria:
• Composición política y no técnica de las cámaras legislativas.
• Gran movilidad de las normas administrativas.
• Amplia esfera discrecional del poder ejecutivo.
• Límites de la potestad reglamentaria:
• Formales: procedimiento de elaboración e irretroactividad desfavorable.
• Materiales: reserva de ley, jerarquía normativa, jerarquía reglamentaria y materia reglamentaria.
• El procedimiento de elaboración debe ser respetado; su incumplimiento provoca la nulidad del reglamento (Ley 50/1997 del Gobierno y Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
• La irretroactividad desfavorable impide establecer normas que afecten negativamente a los administrados (artículo 47.2 de la Ley 39/2015).
• La reserva de ley impide dictar reglamentos en materias reservadas por las leyes sin autorización expresa de las Cortes Generales, vulnerando el principio de legalidad.
• La jerarquía normativa ordena los reglamentos según la posición del órgano que los dicta, sin vulnerar normas de rango superior.
• La jerarquía reglamentaria establece que un reglamento inferior debe respetar el contenido de los superiores.
• La materia reglamentaria limita la potestad a materias administrativas, sin imponer obligaciones, deberes o límites a los derechos y libertades de los ciudadanos sin ley previa.

Órganos Con Potestad Reglamentaria

• El artículo 128 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece al Gobierno de la Nación, órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y órganos de gobierno locales.
• En la Administración General del Estado, el órgano es el Gobierno (artículo 97 de la Constitución Española).
• La Ley 40/2015 reconoce la potestad reglamentaria a cada uno de los ministerios, limitada al ámbito organizativo del Departamento e relaciones especiales de supremacía.
• Los Ministros ejercen la potestad reglamentaria en materias propias de su departamento (Ley 50/1997).
• El Consejo de Ministros aprueba los reglamentos para desarrollar y ejecutar las leyes y demás disposiciones reglamentarias (Ley 50/1997).
• Los reglamentos del Presidente o del Consejo de Ministros se aprueban mediante Real Decreto, los de los Ministros mediante Orden Ministerial.
• En la Administración autonómica, los órganos son el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los Consejeros en las materias de su departamento.
• Las normas reglamentarias se denominan Decretos (Consejo de Gobierno) y Órdenes (Consejeros), y las autoridades inferiores Resoluciónes.
• En la Administración local, son los Plenos de los Ayuntamientos y las Diputaciones.
• En los Ayuntamientos, el Pleno municipal aprueba el reglamento orgánico y las ordenanzas (Ley 7/1985).
• En las Diputaciones Provinciales, corresponde al Pleno la aprobación de Ordenanzas (Ley 7/1985).

La Administración Pública satisface las necesidades de la comunidad, operando bajo principios de objetividad y legalidad. El Derecho Administrativo regula tanto la organización como el funcionamiento de la Administración, aplicándose a entidades públicas y a particulares.